Lamenta inoperancia del Defensor del Pueblo y la Policía que esperaron cuatro días para pronunciarse en el reclamo de cadáveres.
• Senadora Méndez pide retorno de la DEA para evitar que el narcotráfico se expanda en el altiplano.
• El MAS niega complicidad y pide no confundir la justicia comunitaria con los hechos delictivos.
La oposición política acusó ayer al Ministerio de Gobierno de ser cómplice de los linchamientos a título de “justicia comunitaria” ocurridos la pasada semana en ayllus de Uncía Potosí, por neutralizar la misión de la Policía Nacional y del Ministerio Público en el esclarecimiento y la detención de los autores que, según las versiones preliminares, secuestraron y terminaron con la vida de cuatro policías de DIPROVE de Oruro.
El MAS pide no confundir esos hechos con la justicia comunitaria, aunque admite su autoría para el conocimiento desde la Constitución Política del Estado, y la actual Ley del Órgano Judicial en trámite legislativo, donde se admite la coexistencia de la administración de justicia tradicional, considerada por el gobierno “colonial” y la de los pueblos indígena campesino originarios, según sus usos y costumbres.
La presidenta de la Comisión de Política Social del Senado, María Elena Méndez, condenó la pasividad del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y del viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, para rescatar los cuerpos de cuatro policías asesinados el martes por comunarios de la población de Uncía, al Norte del departamento de Potosí.
Sostuvo que la paciencia del gobierno de Evo Morales para actuar frente a la tragedia de cuatro familias e hijos que quedaron huérfanos, causa profundo malestar y preocupación porque “no se puede permitir que en una parte de Bolivia, algunos comunarios practiquen justicia comunitaria, matando a policías en hechos criminosos”.
MILITARIZAR LA ZONA
“No sé qué está esperando el Gobierno para militarizar la zona si sabe que Uncía y otras poblaciones son zonas rojas de protección al contrabando y narcotráfico. Son poblaciones que están dentro la jurisdicción territorial boliviana, lo cual indica que el Ministro de Gobierno es lento en sus decisiones para dar garantías a los ciudadanos del lugar”, manifestó.
Igualmente, criticó que los altos mandos policiales hayan esperado cuatro días para pronunciarse sobre sus tareas de investigación y la ayuda social que el Estado debe proporcionar a las viudas y huérfanos de los policías Nelson Alcócer Casano, Rubén Cruz Aruquipa, Esteban Alabe Arias y Miguel Ramos Palluni de la Dirección y Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) de Oruro, victimados el martes 25 de mayo.
INOPERANCIA DEL DEFENSOR
Méndez condenó también el silencio cómplice del nuevo Defensor del Pueblo, Rolando Villena, que no asumió desde el primer momento una posición de defensa de los derechos humanos porque se lo eligió para que represente a la gente y no permanezca callado sin pedir sanción contra los autores ni la devolución de cadáveres de servidores públicos.
“Aquí se descubre que Uncía es un centro de contrabando de precursores destinados al narcotráfico por ese motivo se debe militarizar y declarar un estado de sitio en la zona para preservar la soberanía del país y garantizar el ingreso de la policía para la detención, caiga quien caiga”, declaró.
La Senadora afirmó que hay ausencia de Estado porque el Ministro, Viceministro, Defensor del Pueblo, Ministerio Público y sobre todo la Policía no controlan nada ante el tráfico de drogas en esta zonas, motivo por el que también sugirió “el retorno de la DEA de Estados Unidos para ejercer con el rigor de la norma para que Bolivia no sea el centro internacional de la producción de drogas”.
El tema de los linchamientos retomó notoriedad con el caso de Uncía, Achacachi, poblaciones como Epizana de Cochabamba, El Alto y Santa Cruz, donde supuestos delincuentes son castigados y en la mayoría de los casos ajusticiados por víctimas y vecinos.
En una oportunidad, el Fiscal de Recurso, Milton Mendoza Miranda, sostuvo que la falta de credibilidad de la justicia ocasiona que Bolivia ocupe el subcampeonato en materia de linchamientos que, según datos de prensa, en 2005 se produjeron siete ejecuciones sumarias, en 2006 fueron 10, y en 2007 se cita 48 ejecuciones.
CN CULPA AL GOBIERNO
El jefe de bancada de la opositora Concertación Nacional (CN), Mauricio Muñoz, manifestó que esta es la consecuencia de reconocer la justicia comunitaria como una práctica común en los pueblos indígenas a las que el MAS sobredimensiona.
Lamentó que el Gobierno asuma una actitud de protección a los autores de la muerte de ciudadanos bolivianos que cayeron víctimas de sectores campesinos ligados al MAS que actúan bajo el supuesto principio de justicia comunitaria, cuando en los hechos son simples autores de crímenes comunes.
Demandó mayor responsabilidad del Gobierno para identificar a los autores, sancionarlos y sentar un precedente para que en el futuro no se expanda esta práctica que, lamentablemente, fue convalidada por el MAS como una política de gobierno.
EL MAS DIO PIE A TODO
El ex ministro del Agua, Abel Mamani, y líder opositor en El Alto, donde también se practican los linchamientos, sostuvo que el gobierno actual dio pie a estas prácticas de supuesta justicia comunitaria.
“En alguna oportunidad expliqué a las autoridades de Derechos Humanos y Defensor del Pueblo sobre cómo debería asimilarse el tema de justicia comunitaria. Hicieron entender mal a los comunarios, porque no pueden existir dos tipos de justicia, una que defienda y ataque el principio del derecho a la vida”, declaró.
Asimismo, Mamani aseguró que “no deberían existir muertes, ahorcamientos, castigos por mano propia. Estos tipos de justicia dan lugar a una suerte de complicidad del Gobierno que ha permitido que los linchamientos ganen territorialmente, por tanto, debe asumir su rol de aclarar los casos de Caranavi, Achacachi, Uncía y otros”.
NO ES JUSTICIA COMUNITARIA
El presidente de la Comisión de Constitución del Senado (MAS), Eduardo Maldonado, negó complicidad del Gobierno y advirtió que el linchamiento no puede ser justicia comunitaria que significa vivir con un sentido de equilibrio y respeto en la comunidad.
“Para quienes pretenden de manera tendenciosa confundir a la ciudadanía, haciendo creer que esto es justicia comunitaria. El Ministerio Público seguramente llevará las investigaciones y por razones huminatarias, si es que hubiesen muertos, deberían entregarse los restos a sus familiares y abrirse una investigación sobre el hecho y los motivos que causaron para aplicar el imperio de la ley”, dijo.
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