La primera elección directa de alcaldes y gobernadores, acaecida el 4 de abril dentro de un proceso histórico de transición hacia las autonomías, tropieza con un mar de dudas por el futuro incierto de varias de las autoridades elegidas mediante el voto. La fiesta democrática está a punto de aguarse, o todo lo contrario, de acuerdo con el ángulo desde el que se mire.
Primero fueron los gobernadores. Varios de ellos —todos opositores— aparecieron día tras día en los medios de comunicación al estar en la cuerda floja por la promulgación de la ley transitoria de autonomías. Serán suspendidos con el sólo hecho de existir una acusación formal del Ministerio Público en su contra.
Esto desató nuevos altercados entre el Gobierno central y las flamantes autoridades de los departamentos autónomos opositores. Pero no todo acabó ahí. Varios alcaldes ahora penden del mismo hilo, aunque por distinto motivo: para suspenderlos, se pretende aplicar el artículo 48 de la Ley de Municipalidades. En contrapartida, quienes defienden la continuidad de los alcaldes objetados se aferran al artículo 28 de la nueva Constitución Política del Estado que, entre los requisitos para la suspensión, prevé el dictamen de una sentencia ejecutoriada.
Por lo pronto, la continuidad de dos alcaldes se encuentra seriamente comprometida luego de que otros dos, el de Quillacollo y el de Punata, ambos de Cochabamba, no soportaran la presión y decidieran renunciar. Los que siguen en la lucha, aunque parece que por poco tiempo, son dos personajes de la política de Sucre y Potosí: Jaime Barrón y René Joaquino, respectivamente. De nuevo, opositores al MAS.
Se teme que el fondo de estos dos entuertos, el de los gobernadores y la ley transitoria de autonomías, por un lado, y el de los alcaldes y la CPE más la ley de municipalidades, por el otro, sea la famosa “judicialización de la política”, es decir, la intromisión nunca deseable de interesados dentro del Órgano Judicial y en este caso, especialmente, del Ministerio Público.
La controversia sube de tono porque los seguidores de las autoridades presuntamente involucradas en hechos ilícitos han comenzado a movilizarse en contra de las disposiciones legales o, más precisamente, de la interpretación que se les está dando a éstas, con el argumento de que desconocen el voto soberano del pueblo.
La gobernabilidad de las alcaldías del país —o, lo que es lo mismo, las necesidades insatisfechas de los vecinos de cada municipio— no puede quedar a expensas del resultado de un juego peligroso que consiste en jalonear a la justicia hacia el lado que convenga al jugador. Con reglas claras y menos fines políticos, la diosa Temis continuará con los ojos vendados y, así, no distinguirá ni más ni menos que lo justo.
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