Bajo el argumento de que cualquier documento firmado bajo presión es nulo de pleno derecho, los familiares de los cuatro policías linchados en Uncía decidieron enjuiciar a los comunarios de los cuatro ayllus señalados por la investigación por los delitos de asesinato, asociación delictuosa, encubrimiento y complicidad, penados con 30 años de presidio.
Para devolver los cadáveres de los fallecidos, los comunarios exigieron a los parientes de Nelson Alcócer, Rubén Cruz, Emilio Alave y Miguel Ramos un compromiso escrito de no iniciar acciones penales en su contra y otro de desistimiento de demanda, a los que se adjuntaron fotocopias de cédulas de identidad, en las que figuran sus direcciones, además de sus números telefónicos y de otras personas útiles para establecer un posterior contacto.
El abogado de los deudos, Johnny Castelú, explicó ayer que a fin de evitar que por razones políticas se pretenda restar validez al informe de la Fiscalía de Oruro, se analiza la posibilidad de recurrir a instancias internacionales.
Fuentes de la Fiscalía orureña ratificaron ayer a La Prensa que Cruz, Alave y Ramos murieron entre 10 y 12 días antes de la autopsia a la que fueron sometidos, vale decir entre el domingo 23 y el martes 25 de mayo, pero Alcócer perdió la vida entre tres y cinco días antes de ese procedimiento legal, o sea entre el lunes 31 de mayo y el martes 2 de junio, cuando los ministros de Gobierno, Sacha Llorenti, y de la Presidencia, Óscar Coca, estuvieron en la zona del conflicto.
La versión fue confirmada ayer por Mónica Corrales viuda de Alcócer, quien declaró a la red Erbol que “el día que rescatamos los cuerpos y los llevamos juntos a la morgue del cementerio de Oruro, se sentía un olor fuerte, pero una vez que me entregaron el cadáver de mi esposo y tras su velorio en la Policía, por la noche, me lo llevé a mi casa, porque quería que retorne a su hogar, entonces ahí abrí el cajón y pude constatar personalmente que no tenía ningún grado de putrefacción,porque me acerqué, lo besé y no tenía olor”.
Sin embargo, aún se esperan los resultados de las pericias a las que fueron sometidos, en el laboratorio del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de La Paz, trozos del hígado, el corazón y el cerebro de los fallecidos para determinar con mayor precisión la data de la muerte.
Entretanto, los resultados del examen forense practicado el viernes en Oruro por la médico Vilma Gabriel no concluyeron aún, por lo que no fueron remitidos a la Fiscalía de Potosí.
Empero, ayer, el viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, insistió en que los cuatro efectivos murieron el 25 de mayo a las 17.15, fecha en la que él mismo confirmó que los cuatro uniformados habían sido tomados como rehenes y que se había iniciado un proceso de diálogo para rescatarlos.
Mientras tanto, el responsable del Ministerio Público potosino, abogado Sandro Fuertes, sostuvo que aún no recibió de Oruro los actuados en ese caso, aunque explicó que al haberse producido los hechos en su jurisdicción, no correspondía que en Oruro se practiquen exámenes científicos.
“De acuerdo con los datos que nos proporcionó el médico forense en el momento del levantamiento de los cuerpos en Uncía, es decir el pasado viernes, la data y causa probable de la muerte de los cuatro efectivos es similar, pero este aspecto hubiera sido totalmente corroborado o descartado con un actuado investigativo pericial debidamente elaborado, sin referir resultados de laboratorio, respetando los protocolos procesales, que lamentablemente no se ha hecho en la ciudad de Oruro”.
Por ello, anunció que se efectuará una necropsia a los cuerpos para determinar causas y datas de decesos.
Empero, si ese examen fuera desvirtuado, Castelú anunció que si “el informe forense se hizo en Oruro o Potosí, el resultado debe ser el mismo, a no ser que quieran modificar el resultado, y en ese caso nosotros también pediremos una pericia internacional”.
Fuertes añadió que junto a los fiscales Juan Carlos Ramírez, de la Villa Imperial, y Trifón Romero, de Llallagua, inició el pasado martes 2 gestiones para recuperar los cuerpos de los fallecidos.
“Mantuvimos conversaciones con las autoridades originarias, a quienes explicamos que si no entregaban los cuerpos, sería peor para ellos mismos, porque, en tal caso, esconderían evidencia”.
El letrado dijo que, a las 06.00 del viernes, pudo proceder al levantamiento legal de los restos de los inmolados y que correspondía a esa Fiscalía llevar adelante las investigaciones del caso.
Torrico anuncia un plan para la zona
El viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, anunció ayer que, en coordinación con autoridades de la Policía Nacional, se planifica la manera de efectuar un riguroso control en el municipio de Uncía.
“Lo que se tiene que entender es que el control no debe realizarse en el interior de esa población, sino más bien en los caminos, las vías o los accesos. Se podría hacer un trabajo perimetral. Se está coordinando un trabajo bastante definido en la Policía”.
La autoridad confirmó que los familiares de los cuatro fallecidos recibirán los beneficios establecidos por ley para casos de esta naturaleza: el ascenso póstumo al grado inmediato superior, con base en cuya remuneración los deudos cobran una pensión vitalicia, y otros factores; sin embargo, “vamos a esperar un poquito a que termine este tema y bajen las aguas y veremos qué es lo que pasará”.
Torrico coincidió con el abogado Castelú en que el compromiso de no enjuiciar a los asesinos carece de validez.
Queman wiphalas y banderas del MAS
Una marcha de protesta recorrió ayer algunas calles de Oruro en demanda de que se instaure un juicio de responsabilidades contra el presidente Evo Morales, el ministro Sacha Llorenti y el comandante de la Policía, general Óscar Nina, por los delitos de omisión de socorro e incumplimiento de deberes. Los manifestantes quemaron wiphalas, bajo el argumento de que no es un símbolo nacional, y banderas del MAS.
La protesta partió del parque de la Unión Nacional, alcanzó la plaza 10 de Febrero, y, a su paso, por delante de la Gobernación, ubicada en la plaza 10 de Febrero, lanzó insultos contra autoridades nacionales y llegó a puertas del Ministerio Público.
Durante el recorrido, los manifestantes reventaron petardos y corearon estribillos contra el presidente Evo Morales y exigieron a la representante de la Defensoría del Pueblo en Oruro, Clotilde Calancha, que impulse una profunda investigación de los hechos.
Investigaciones
El fiscal de Potosí, Sandro Fuertes, dijo que seis denuncias de asesinatos a campesinos en Uncía no avanzaban.
La autoridad aseguró que instruyó a los fiscales de esa región llevar adelante un trabajo más rápido y eficiente.
Esas acciones delictivas se cumplieron desde 2008. Ninguna pudo ser esclarecida hasta el momento.
Los comunarios exigen que se haga justicia en tales casos. El Ministerio Público no tiene sospechosos todavía.
Los certificados de defunción de los cuatro policías fueron emitidos ayer por la médico forense Vilma Gabriel, de Oruro.
Esos documentos establecen que la causa de la muerte de los cuatro uniformados fue traumatismo encéfalo craneano.
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