Afirman que dos ex autoridades piden, según la CPE, un juicio privilegiado.
Agencias.- El fiscal Lizandro Álvarez fijó nueva fecha para la audiencia de excepción de incompetencia solicitada por los ex ministros, Leopoldo Fernández (2001-2002) y Guillermo Fortún (2000-2001), en el caso gastos reservados.
“Se ha procedido a la notificación para la audiencia pública de excepción de incompetencia solicitada por Leopoldo Fernández Ferreira y Guillermo Fortún Suárez para el próximo viernes 18 de junio”, indicó a los periodistas.
Aclaró que dicha audiencia fue programada para las 15: 30 horas en el caso de Fortún y para las 16:00 horas para Fernández, ante el juez Carlos Guerrero del juzgado I de Instrucción en lo Penal.
Álvarez dijo que el tema a tratar en la audiencia es sobre el privilegio que solicitan ambas ex autoridades de gobierno, según la Constitución vigente en el momento de los hechos.
“A lo que ellos se refieren al solicitar esta audiencia es que cuando los hechos que estamos investigando han ocurrido, ellos estaban en calidad de ministros de gobierno, por lo cual piden que según la Constitución se les haga un juicio privilegiado”, explicó.
También, argumentó que según la Constitución estos privilegios ya no existen, y ya nadie tiene privilegios de ninguna naturaleza, por lo que todas las personas deben ser procesalmente juzgadas por un mismo juez y determinados fiscales.
El Ministerio Público investiga el destino de más de 2.000 millones de bolivianos administrados sin fiscalización entre 1985 y 2005.
En tanto, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) indaga a 12 ex ministros por el destino que dieron a 1.228,67 millones de bolivianos de gastos reservados entre 1995 y 2005, después de que se hallaran indicios de irregularidades en que incurrieron los ex funcionarios de esa cartera.
Los sucesivos gobiernos utilizaron estos recursos para atender tareas de seguridad interna e inteligencia, aunque el ex ministro Alfredo Rada afirmó, en noviembre del año pasado, que “los gastos reservados (eran) un botín”, pues se sospecha que se emplearon en el pago de sobresueldos a funcionarios jerárquicos y sobornos a dirigentes de organizaciones sociales.
El gobierno de Evo Morales eliminó esta partida de la Ley Financial en febrero de 2006.
A denuncia del Ministerio de Transparencia, la Fiscalía encomendó investigar el supuesto desvío de 1,8 millones de bolivianos de los gastos reservados a cuentas personales durante la gestión del ex ministro Guido Nayar Parada.
Esas averiguaciones permitieron descubrir falta de rendición de cuentas y supuestas anomalías.
Un reporte oficial del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas da cuenta de que en el mencionado período, la partida 2061 del Presupuesto General de la Nación, que consignaba los gastos reservados, destinó 1.228,67 millones de bolivianos.
En tanto, la tarde del pasado 1 de junio, el ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002) declaró en la Fiscalía paceña sobre el destino de los gastos reservados y pidió que una comisión internacional investigue la fortuna de algunos bolivianos.
Quiroga declaró como testigo por más de una hora y media ante el fiscal Lizandro Álvarez y aseguró ante los medios de comunicación que constató nuevamente que la independencia judicial fue cercenada por el Gobierno.
“Dejé constancia al fiscal que pido que una comisión internacional pueda verificar la situación patrimonial de todos los bolivianos”, sostuvo al salir de la oficina del representante del Ministerio Público, que investiga el caso gastos reservados.
Mencionó que cuando era vicepresidente en el Gobierno del extinto Hugo Banzer Suárez no sabía sobre el destino de estos recursos y que, cuando le tocó ejercer la función del primer mandatario del Estado por un año por la enfermedad del mencionado ex presidente, los gastos reservados eran destinados para la seguridad del país.
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