• Ministerio de Gobierno adelantó que presentará los descargos respectivos a las instancias legales.
• Diputada de oposición pide al Presidente del Estado destituir a las autoridades involucradas.
La denuncia presentada ante la Fiscalía General en Sucre por los diputados Jaime Navarro (UN) y Elizabeth Reyes (CN) en contra del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, por presunta omisión de deberes será remitida a la ciudad de La Paz, según informó ayer el fiscal General del Estado, Mario Uribe.
Frente a las denuncias de UN, el viceministro Gustavo Torrico anunció que se presentarán los descargos ante la Fiscalía del distrito de La Paz y también ante el informe del Defensor del Pueblo que observa “retardación e inacción” de las autoridades en el caso de los policías asesinados en Uncía.
Los diputados de oposición presentaron el lunes ante la Fiscalía General en la ciudad de Sucre, una denuncia formal contra el Comandante General de Policía, el Ministro de Gobierno y los comandantes departamentales de Potosí y Oruro por supuesta negligencia, incumplimiento y omisión de deberes en el caso de los cuatro efectivos de Diprove.
En la denuncia interpuesta en la capital constitucional, se acusa al comandante General de la Policía, Oscar Nina; al ministro de Gobierno, Sacha Llorenti; a los comandantes departamentales de Oruro, Mario Hinojosa y Potosí, Orlando Ávila. Además serán procesadas autoridades de los ayllus implicados en el caso de supuesto asesinato.
En tanto, la Fiscalía General del Estado informó que la denuncia presentada contra los funcionarios públicos y policiales será canalizada y remitida a la ciudad de La Paz. “Si existieran pruebas contra los autores materiales del linchamiento serán acumuladas, porque el Ministerio Público ya ha iniciado el proceso investigativo correspondiente desde el momento en que se conoció la comisión de estos delitos”, afirmó Mario Uribe a radio Panamericana.
NO A LA IMPUNIDAD
El diputado Jaime Navarro, confirmó que por procedimiento la Fiscalía pasará el caso a la Sede de Gobierno, pero esto no debe significar deslindarse de responsabilidades.
“Eso ya es una definición que ha hecho conocer el Fiscal General, pero lo importante es que la investigación avance. Tiene que estar claro que aquí se han vulnerado derechos fundamentales como el derecho a la vida y no se puede permitir la impunidad bajo ninguna amenaza”, aseguró.
Por su parte, la diputada Elizabeth Reyes, explicó que presentaron “una copia del acta de defunción de los policías, adjuntando fotografías, grabaciones y material ante la Fiscalía”. Solicitó una determinación del Ejecutivo contra las autoridades denunciadas en Sucre. “Pedimos que el presidente Evo Morales vea todas estas pruebas y retire a estas autoridades porque no han actuado con prontitud y permitieron que los policías sean detenidos, torturados y asesinados en esa región”.
GOBIERNO JUSTIFICA SU ROL
El viceministro Gustavo Torrico, en conferencia de prensa señaló que durante el conflicto de Uncía, no se actúo con represión para precautelar la seguridad de los efectivos desplazados en la zona y evitar mayores enfrentamientos.
“Era básicamente imposible pensar en un rescate, porque no es inacción es un tema de preservar la vida, tanto de nuestros policías como de la gente que estaba enardecida al otro lado, en ese sentido tiene derecho a presentar los informes que considere y nosotros haremos el descargo respectivo”, dijo refiriéndose al informe presentado por el Defensor del Pueblo.
Torrico afirmó que el tema se ha politizado y que aún falta establecer la actividad que cumplían los efectivos de Diprove en la zona. “Si hay policías que hacen un trabajo extra, entonces cómo vamos a prevenir que los ataquen, entiendo la lucha política pero lo que no entiendo es que esa lucha política sea llevada incluso a niveles que dañen a los familiares de las víctimas”, dijo.
Entretanto, la presidente de la Comisión de DDHH de la Cámara Baja, Marianela Paco (MAS) indicó: “el Viceministerio de Gobierno debe hacernos llegar sus informes para que tengamos el panorama completo de qué está ocurriendo en el trabajo que están realizando, nosotros esperamos ese informe y después hacemos su evaluación. En base a eso tomaremos una posición como Comisión de Derechos Humanos”.
Aseguró que los informes que sean recabados en el transcurso de esta semana serán acumulados para redactar un documento de Comisión que será presentado al pleno de la Cámara de Diputados.
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