A tiempo de señalar que es una campaña de desprestigio y desestabilización política el indicar, a través de rumores, que el Gobierno intente afectar a quienes tienen varios bienes inmuebles urbanos, el Vicepresidente Álvaro García Linera afirmó: "La Regularización de títulos de propiedad privada en el radio urbano, a nivel nacional, es para agilizar y desburocratizar los trámites a fin de facilitar a quienes hace 15 o 20 años adquirieron terreno y construyeron su vivienda pero que no legalizaron su derecho propietario.
La regularización de la propiedad privada urbana no es para quitar inmuebles a quienes tienen 2 o 3 casas o terrenos de 1.000 o 3.000 metros cuadrados fruto de trabajo lícito, el Gobierno no tiene intención de expropiar inmuebles privados, la Regularización es un planteamiento que se está estudiando y analizando para luego remitirlo al Legislativo para su tratamiento en ese Poder del Estado Plurinacional, señaló el Vicepresidente en Santa Cruz, en el hotel Los Tajibos.
"Rumor desestabilizador"El Vicepresidente efectuó esa aseveración ante persistentes versiones en el colectivo social en sentido que el Gobierno intentaría confiscar inmuebles de ciudadanos que legal, legítimamente, mediante trabajo lícito, poseen 2 o más bienes raíces en el radio urbano.Según politólogos, esa clase de "rumor desestabilizador" inquieta a una gran mayoría de la población boliviana que es "propietarista", no solo en el radio urbano, sino también en el radio rural, con preponderancia sobre todo en grandes sectores de la clase media y popular que comenzaron a preocuparse convocando, vía teléfono fijo, celular, fax, mails, organizarse para defender -en un caso dado, por la vía legal y del derecho universal-, bienes obtenidos mediante trabajo sacrificado.Dirigentes de la Confederación de Propietarios de Bienes Inmuebles convocaron a sus afiliados a reunión para analizar el tema y acciones que el derecho aconseja.Jurisprudencia sobre "pago del justo precio"La Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional de Bolivia, en diferentes trámites legales, litigios, bajo su jurisdicción y competencia mediante Sentencia Constitucional y Auto de Vista Supremo afirman que todo planteamiento de expropiación de inmuebles por necesidad y utilidad pública debe ser debida, legalmente probada -si es para ensanche de calle, construcción de plaza, etc.-, previo trámite pertinente y sentencia plenamente ejecutoriada debiendo en toda Resolución sobre el tema consignarse el pago del justo precio, lo que en derecho se entiende que "el pago del precio justo" se refiere al momento vigente de los trámites y resoluciones tanto de los Concejos Municipales como de los Asambleístas Departamentales ."El pago de precio justo", se comprende que es por los gastos que significa mantenimiento, reparación, conservación, de bienes inmuebles, los costos que significa materiales de construcción, a la fecha de la Resolución y de la sentencia ejecutoriada.Los campesinos también son propietarios de prediosSegún Censo del Instituto Nacional de Estadística, el 75 % de la población boliviana es propietaria de bien raíz, sea en lo urbano sea en lo rural.En el caso del radio urbano, en todas las capitales de Departamento, se advierte y se consolida el asentamiento de la migración campo ciudad, como ejemplo la ciudad de El Alto, en la que ciudadanos arribados del campo son propietarios de bienes raíces, en los registros catastrales se constata que los Municipios tienen ingentes ingresos por pago de impuestos anuales sobre metraje o mensuración satelital que registra predios a nivel nacional.En lo rural, una gran mayoría de campesinos e indígenas son propietarios de bienes raíces, terreno, construcciones, logrados ya sea por dotación durante la Reforma Agraria del año 1952, por el INRA, o por asentamientos denominados "forzosos" como son de los Sin Tierra.
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