Los mallkus del norte potosino temen ser detenidos por el linchamiento de cuatro policías en Cala Cala, en caso de que se presenten en La Paz, por lo que decidieron permanecer en sus comunidades, mientras que el fiscal potosino Sandro Fuertes llegó ayer a Uncía, donde anunció que la comisión investigadora de los hechos presentará los resultados iniciales de su trabajo dentro de unos 20 días.
El 23 de mayo, cuatro efectivos de la Policía orureña fueron atrapados por comunarios de dos ayllus cuando cumplían una misión oficial y viajaban en un motorizado secuestrado en Oruro, pero los campesinos aseguraron que eran ladrones y asesinos, por lo que los lincharon.
Fuertes llegó ayer a Uncía para entregar un vehículo al Ministerio Público local para que sea empleado por los investigadores en sus desplazamientos por la región, y en declaraciones a la radio local no sólo anunció que en 20 días se conocerán los resultados iniciales de la indagación, sino que se aclararán los siete asesinatos atribuidos por los campesinos a los uniformados. Fuertes aseguró que todos los casos se aclararán.
Entretanto, Feliciano Gabriel, mallku de la Federación de Ayllus Originarios Indígenas del Norte Potosino (FAOI-NP), explicó ayer a La Prensa que “existe susceptibilidad de los hermanos, eso yo digo, porque, sí, ellos creen que pueden ser arrestados por la Policía”.
Los dirigentes de la FAOI-NP, agregó, se reunirán en Llallagua —no señaló cuándo— para decidir su traslado a la ciudad de La Paz.
Leoncio Calluni, segunda mayor (autoridad originaria) del ayllu Layme, dijo: “No habrá una comisión. No tenemos acuerdos para ir. Para hacerlo, tendríamos que reunirnos los nueve segundas mayores de los ayllus, pero no lo hemos hecho todavía”.
El líder campesino refirió que los ayllus no quieren entorpecer las investigaciones sobre la muerte de los cuatro policías, siempre y cuando se averigüen las condiciones y circunstancias en las que murieron siete comunarios, a quienes les robaron sus vehículos y de cuya muerte, durante la tortura a la que eran sometidos, se hicieron responsables los uniformados capturados.
Por ello, advirtió que “se están resintiendo los ayllus, habrá que amainar la rabia para solucionar este problema”.
Los comunarios, anotó, tampoco desean que se regularice a todos los vehículos indocumentados que circulan por la región, sino que cada caso debe ser sometido a análisis para hacer la regularización correspondiente.
La justicia comunitaria puede matar
Dos estudiosos del tema, Víctor Hugo Cárdenas, ex vicepresidente, pedagogo y literato, y Felipe Quispe Huanca, historiador y ex secretario ejecutivo de la Confederación Única Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), expresaron ayer discrepancias sobre la aplicación de la pena de muerte en la justicia comunitaria.
Mientras que Cárdenas aseguró que esa figura no existe en la justicia indígena, que es preventiva y educativa, Quispe dijo que la pena máxima se aplica a los reincidentes.
Cárdenas comentó que la nueva Constitución, al haber equiparado la justicia ordinaria con 36 versiones de la originaria, ha eliminado la apelación, que es uno de los principios de la justicia. “Uno no puede apelar a una instancia mayor si alguien fuera sancionado por este fuero”, lo que viola derechos fundamentales de las personas.
Quispe anotó que, para ejecutar una acción, toda comunidad aymara consulta con las personas mayores, porque son quienes atesoran las tradiciones que pasan de generación en generación. “Son como una Biblia, que nos relatan algunos pasajes de otros tiempos. Entonces según eso se actúa”.
Reveló que hace más de 60 años fue testigo en su comunidad del ajusticiamiento de un ladrón de ganado, a quien “le perdonaron una y dos veces, pero a la tercera había que deshacerse de él, porque no servía. Se aplica la pena de muerte cuando las cosas son graves, y nadie habla de ese hecho porque esa muerte se queda reducida dentro de la comunidad. Ahora que han pasado tantos años puedo decir, pero en su momento se me prohibió hacerlo”. Esa práctica, añadió, está al margen de los preceptos de la Constitución vigente, pero se ha ejecutado durante siglos.
Piden cárcel para cogoteros
Un centenar de comunarios de Llanga Belén marcharon ayer por las calles de Sica Sica, capital de la provincia Aroma, en demanda de que seis integrantes de la familia Marca Moya sean procesados por la justicia ordinaria y encarcelados, según informó un funcionario edil de ese municipio.
La fuente reveló que los manifestantes portaban pancartas que exigían justicia contra los cogoteros, pues éstos pudieron haber sido sobreseídos en un proceso al que se los sometió.
Los comunarios expulsaron a esa familia de Llanga Belén en una manifestación de la justicia comunitaria.
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