• Proyecto de ley del oficialismo da facultades al Legislativo para “interpretar la Constitución” ratificando la subordinación del Tribunal al poder político.
Analistas, juristas y opositores coincidieron ayer en advertir que el MAS está violando los principios de constitucionalidad del máximo ente judicial boliviano y calificaron de una “avivada criolla”, una simulación en la redacción y una intromisión e injerencia política la subordinación del Tribunal Constitucional al poder político del Legislativo mediante la modificación del artículo 4, parágrafo III del proyecto de Ley del Tribunal Constitucional en puertas de ser sancionada.
“El Tribunal Constitucional (...) es el intérprete supremo de la ley fundamental (CPE) sin perjuicio de la facultad interpretativa que tiene la Asamblea Legislativa como órgano depositario de la soberanía popular”, afirma el parágrafo III del Artículo 4 modificado del proyecto de Ley del Tribunal Constitucional.
Los cambios insertados no modificaron el fondo y el sentido de del texto anterior que decía: “La Asamblea Legislativa es el intérprete auténtico de la Constitución”, según la redacción original del proyecto de Ley del Tribunal.
TRIBUNAL SIN SOBERANÍA
Al decir “como depositaria de la soberanía popular”, está afirmando que el Tribunal no es depositario de la soberanía popular y, por lo tanto, lo que interprete la Asamblea Legislativa va a tener prevalencia sobre lo que diga el Tribunal, es decir, son las típicas “avivadas criollas” de nuestro medio donde cambiando aparentemente la forma literaria se mantiene el mismo sentido de la primera, sostuvo el ex viceministro de justicia Carlos Alarcón.
En una entrevista con EL DIARIO, el experto constitucionalista afirmó que ese texto del proyecto de ley de referencia “quiere decir que va a estar subordinado y condicionado a la Asamblea Legislativa, entonces no tiene sentido la función del TC cuando es el tiene que precisamente controlar a la Asamblea Legislativa”.
“Es decir que las leyes que produce y sanciona la Asamblea si es que ésta viola la CPE las tienen que dejar sin efecto, pero si la Asamblea Legislativa por ser la ‘depositaria de la soberanía’ obviamente no tiene sentido la función del Tribunal Constitucional, eso quiere decir que han cambiado la letra pero no el espíritu”, sostuvo la ex autoridad.
Para el tribuno, Marco Antonio Baldivieso, el Art. del proyecto que el MAS pretende aprobar, representa un franco retroceso al control político de la constitucionalidad. Dijo que mediante esa norma, el sistema judicial boliviano no podrá cerrar las puertas al control político de la constitucionalidad y se irá en contra de todo el sistema de control de constitucionalidad que está contenida en la propia Constitución.
Baldivieso, que participó en el “cónclave de expertos” constitucionalistas realizado la semana pasada en la ciudad de Santa Cruz a iniciativa de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, explicó que si se aprueba ese artículo, los políticos del Legislativo se convertirán en los últimos intérpretes de la Constitución y el Tribunal Constitucional dejará de ser la última instancia de la justicia boliviana.
ACLARACIÓN A MEDIAS
De acuerdo a la versión de un matutino de reciente circulación, la presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Cecilia Ayllón (MAS) informó el jueves que el polémico artículo 4 del proyecto fue modificado por el “consejo de constitucionalistas” realizado en la ciudad de Santa Cruz.
El medio explica que la redacción inicial del referido artículo indicaba que “la Asamblea Legislativa Plurinacionacional es el intérprete auténtico de la Constitución”, fue modificado por el siguiente texto: “el supremo intérprete de la CPE es el Tribunal Constitucional Plurinacional”.
No obstante, la asambleísta del oficialismo no aclaró, en esa ocasión, que el texto completo de la modificación es: ““El Tribunal Constitucional (...) es el intérprete supremo de la ley fundamental (CPE) sin perjuicio de la facultad interpretativa que tiene la Asamblea Legislativa como órgano depositario de la soberanía popular” lo que para los analistas y políticos de oposición es una “avivada criolla”.
SIMULACIÓN EN LA REDACCIÓN
Para el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Bernardo Wayar, el artículo 4 de ese proyecto sigue conteniendo la misma intensión sólo que esta vez existe una “simulación” en la nueva redacción.
“La CPE de 1967 permitía la interpretación de la Constitución por parte del Congreso Nacional y esta facultad, por ejemplo, fue utilizada por el presidente de ese período cuando este Congreso dictó una ley interpretativa y modificó el Art. 93 que disminuyó el mandato del Presidente y por ende se dispusieron nuevas reglas. Entonces utilizando esa norma de interpretación de la Constitución han existido verdaderas reformas constitucionales, es decir ha sido una forma de encubrir una reforma en la CPE sin seguir los pasos que manifiesta la propia Constitución. Me imaginó que este es un poco la intensión del oficialismo”.
Recalcó que la función de la Asamblea Legislativa es de sancionar leyes aplicando la CPE y el único que tiene la facultad de interpretar es el Tribunal Constitucional.
“El Legislativo no puede interpretar porque el texto de la CPE emana de una Asamblea Constituyente, llevado a consulta de referéndum; por lo tanto, creo que hay una injerencia política”, sostuvo el especialista en derecho constitucional.
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