Nueva necropsia enoja a familiares de policías

Sospechas. Un fiscal potosino pidió otro estudio a los cadáveres de las cuatro víctimas de los ayllus de Uncía, al considerar que el primero fue irregular. Los parientes temen manipulación de la investigación



El fiscal de distrito de Potosí, Sandro Fuertes, exigió otra necropsia a los cadáveres de los cuatro policías linchados por los ayllus del norte de Potosí, porque no se respetaron, dijo, los protocolos oficiales. Calificó el trabajo de la forense Vilma Gabriel, que determinó que el suboficial murió tres días antes de que su cadáver sea devuelto y siete después que sus compañeros, de “irregular y carece de objetividad debido a que no se respetó los protocolos necesarios”.

En su opinión, el examen posmortem debía realizarse en presencia de fiscales y forenses dispuestos por la Fiscalía de Distrito de Potosí y no de Oruro. Acotó que los presuntos autores de los linchamientos ya no se encuentran en Uncía.

“Nosotros no sabemos con qué facultad se dispuso la necropsia de los cuerpos cuando las autoridades que han prevenido la investigación son de Potosí. Incluso ese actuado es nulo, no tiene valor legal. No-sotros habíamos dispuesto que una vez entregado los cuerpos a los familiares, se debía realizar una necropsia para contar con elementos suficientes para encarar el juicio público”, afirmó la autoridad desde la Villa Imperial.
Ante esta situación, el abogado de los familiares de los policías fallecidos anunció que recurrirán a instancias internacionales para tratar de evitar una ‘manipulación de la investigación’. Mónica Corrales, viuda del suboficial Alcócer, no coincidió con el fiscal Fuertes y reveló que una vez concluida la autopsia llevó el cadáver de su esposo a su casa, abrió el cajón y lo besó. “No tenía ningún olor, mi esposo ha sido el último en morir, lo han matado para devolvérmelo”, dijo Corrales a Erbol.

El portavoz del Gobierno, Iván Canelas, respaldó la posición del fiscal potosino y denunció un supuesto manejo político del problema. Según él, debieron ser las fiscales potosinas las encargadas de los exámenes y calificó de ‘oficiosa’ la actitud de la forense Vilma Gabriel que envió a La Paz el reporte preliminar en el que certifica que el cuerpo del suboficial Nelson Alcócer presentaba signos de haber sido victimado tres días antes de la entrega de los cuerpos.
Además, involucró a Johnny Castelú en la supuesta politización del caso, ya que también defiende a acusados del caso de la matanza de Porvenir y por ello supone que tiene interés de desprestigiar al Gobierno.
La Policía también se ha puesto de lado del Gobierno. El comandante nacional de la Policía, Óscar Nina, dijo que el informe forense de Oruro “ni siquiera es oficial” y aseguró que los cuatro policías fueron victimados el mismo día, el 23 de mayo y no el 1 junio como descubrió la autopsia.
En la arena política, la bancada de UN en la Asamblea Legislativa formalizó, ante el Fiscal General del Estado, una denuncia formal contra el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y el comandante general de la Policía, Óscar Nina, por su ‘actuación negligente’ en el rescate de los cuerpos de los cuatro policías asesinados por los ayllus.
El diputado Jaime Navarro  afirmó que, en el asesinato de los uniformados, las autoridades de Gobierno cometieron más de siete delitos por lo que deberán ser procesados. “Hubo omisión de socorro que se constituye en delito penal”, dijo el asambleísta opositor.
Pero Llorenti descartó que hubiera negligencia y consideró que la incursión de un contingente habría ocasionado más muertes de campesinos y posiblemente de Policías.
Castelú no coincide con la autoridad y considera que si el Gobierno hubiera actuado a tiempo se hubiera conocido todos los detalles del porqué estaban los uniformados en la región y quiénes eran los que dirigían a los campesinos.Apedrean la casa de Esther Morales
Enardecidos vecinos apedrearon la casa que tiene en Oruro Esther Morales, hermana del presidente Evo Morales, en señal de protesta porque las autoridades de Gobierno no hicieron nada para salvar a cuatro policías de Diprove que fueron linchados el 23 de mayor por los indígenas de cuatro ayllus de Uncía.
La noche del sábado, luego del entierro de los efectivos de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos, un grupo de vecinos se trasladó al domicilio de la hermana del jefe de Estado y destrozó vidrios y provocó daños materiales al inmueble.
Los familiares de los policías Rubén Cruz Aruquipa (34), Esteban Alave Arias (34) y Miguel Ángel Ramos Pañuni (21) no permitieron que sean enterrados con la wiphala. El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, informó de que los manifestantes destrozaron todos los vidrios de la casa de la hermana de Morales y gritaron que el Presidente no actuó a tiempo para rescatar los cadáveres.
Llorenti aseguró a los medios que quienes apedrearon la vivienda son personas con "intereses político partidarios" que se aprovechan "del dolor de las familias" de los policías. No obstante, un grupo de mujeres exigió incluso que Esther Morales, que tiene una carnicería en Oruro, abandone la ciudad. Llorenti anunció la investigación de la agresión. / ENF
Anuncian una investigación a los ejecutados
Pese a ser declarados ‘héroes’, recibir el título de “mártires de la seguridad ciudadana”, ser condecorados por el propio comandante de la Policía, general Óscar Nina, en la misa de cuerpo presente, los policías linchados en Uncía serán objeto de una investigación pormenorizada para establecer qué estaban haciendo en los alrededores de Uncía antes de ser apresados y asesinados.
“En algún momento, los comandantes de las unidades donde pertenecían los uniformados tienen que informar sobre cuáles eran las órdenes que dieron”, dijo Nina.
El comandante distrital de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), Limbert Oporto, afirmó en Oruro que los cuatro cumplían una misión oficial y que debían llegar hasta la localidad de Huanuni y que no conocía por qué cruzaron el límite departamental entre Oruro y Potosí.
Pero no es la única investigación en curso. La comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados anunció que seguirá de cerca las indagaciones sobre este hecho y hoy, tras concluir el tratamiento de la Ley del Órgano Judicial, está previsto que la Asamblea Plurinacional trate la creación de una comisión congresal que investigue los hechos de Uncía.


Nota : El Deber