Los diputados de Convergencia Nacional, Franz Choque, Luis Felipe Dorado y Andrés Ortega señalaron que sólo el poder del pueblo frenará la incompetencia de malas autoridades de Estado que en situaciones de persecución política como son los casos del 11 de septiembre en Pando, Eduardo Rózsa Flores actúan con premura para detener a la gente supuestamente implicada, "pero no hace nada para evitar muertes a título de justicia comunitaria".
"Vemos con tristeza que el gobierno moviliza a las fuerzas de seguridad del Estado para su conveniencia política, porque ahora se opta en poner tras las rejas a los adversarios del MAS y dejar en la impunidad a los campesinos que asesinan, torturan y secuestran a policías, civiles y autoridades ediles que no obedecen sus caprichos y lo que más indigna la actitud fresca del presidente Evo Morales y del ministro Sacha Llorenti", dijo el diputado Choque.
El suboficial Nelson Alcocer Casano, el cabo Rubén Cruz Aruquipa, el cabo Esteban Alade Arias y el policía Miguel Ramos Payuni, miembros de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) fueron secuestrados el 23 de mayo pasado y tres de ellos fueron asesinados hace doce días, mientras que Alcocer Casano recién murió el 1 de junio por comunarios de Sacaca.
Para el diputado Dorado, debe sentarse un precedente judicial contra el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, el comandante General de la Policía, Oscar Nina y representantes del Ministerio Público que dejaron en manos de los familiares de los policías muertos la devolución de los cadáveres bajo el compromiso de no iniciar acciones penales contra los comunarios asesinos.
En ese marco, Andrés Ortega observó que las autoridades gubernamentales policiales y del Ministerio Público transgredieron el artículo 154 (Incumplimiento de Deberes) del Código Penal que señala: "El funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función incurrirá en reclusión de un mes a un año". Mientras que el artículo 153, establece: "El funcionario público o autoridad que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes, ejecutare o hiciere ejecutar dichas resoluciones u órdenes, incurrirá en reclusión de un mes a dos años".
En tanto que el artículo 172 de la Constitución Política del Estado (CPE) precisa que es atribución del Presidente "cumplir y hacer cumplir las leyes".
Asimismo, el dirigente del Consejo de Ayllus y Marcas del Qullasuyo (CONAMAQ), Rafael Quispe, aclaró que el asesinato de cuatro policías en Sacaca norte de Potosí, "no es justicia comunitaria, sino es una consecuencia de la falta de presencia del Estado Plurinacional y de autoridad".
En ese marco, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, María Elena Paco (MAS), admitió la "falta de presencia del Estado" en esas regiones donde la Policía y la Fiscalía no tiene potestad para hacer cumplir las leyes.
"El Ministerio Publico seguirá sus acciones y los ayllus tiene que entender que se tiene que aplicar la Ley. Hay que esclarecer otras acciones y vulneraciones de hechos anteriores", dijo la legisladora Paco.
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