El presidente Evo Morales dijo ayer que no militarizará ni enviará policías a Uncía para rescatar cadáveres de cuatro policías supuestamente victimados en la zona en circunstancias aún no esclarecidas y apeló a la conciencia de los comunarios para la entrega de los cuerpos.
“No se buscará la intervención militar ni policial sino esperar una acción humanitaria”, manifestó en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, donde dijo que prefiere ir por la vía del diálogo para rescatar a los cuerpos, aunque repudió y lamentó lo ocurrido en Uncía. Diputados, sacerdotes y dirigentes campesinos pidieron que el Gobierno militarice la zona para encontrar y recuperar los cuerpos y sentar soberanía y autoridad del Estado en la Zona.
Morales afirmó tener información en sentido que los autores no serían todos los ayllus, sino gente usada por los contrabandistas, sin embargo a pedido de sus dirigentes, los ministros de Gobierno y de la Presidencia viajaron al lugar para reunirse con las autoridades locales.
Morales indicó que algunos grupos no quieren devolver los restos pero otros sí, y se mostró confiado que algunos dirigentes originarios y vecinos devuelvan los cuerpos por una cuestión humanitaria.
Los medios de comunicación interpretaron como “un fracaso” la misión de los ministros Sacha Llorenti y Óscar Coca, quienes retornaron “con las manos vacías” a la Sede de Gobierno luego de asistir a una reunión con las autoridades de segundo nivel de los ayllus del Norte de Potosí en la localidad de Llallagua con la asistencia del Defensor del Pueblo, Rolando Villena, quien, sin embargo, aseguró que insistirá en el diálogo hasta cumplir su cometido.
El Jefe de Estado dijo que de oficio el Ministerio Público debería hacer una profunda investigación no solamente la pérdida de vidas, sino también por qué un grupo de policías sin ser del Control Operativo Aduanero (COA) se encontraban en el lugar.
El Gobierno por intermedio de la Aduana Nacional y la Policía, catalogó a esa región como una zona roja por donde circula el contrabando de mercaderías procedentes de Chile y en otra proporción el tráfico de percursores destinados a la fabricación de drogas.
Sin embargo, los comunarios señalaron que constantemente son extorsionados por policías y falsos policías que a título de lucha contra el narcotráfico y contrabando cometen arbitrariedades con los pobladores y sus familias.
HECHOS DE CARANAVI
En torno a la amenaza de pobladores de Caranavi de retomar el bloqueo de caminos para lograr la liberación de civiles que aún están detenidos en la cárcel de San Pedro, sostuvo que hay algunos opositores y agencias internacionales que pretenden volver a agitar a los pobladores de esa provincia para lograr ese objetivo.
Afirmó que su gobierno no tiene ningún compromiso pendiente porque la planta procesadora de cítricos fue una iniciativa personal para atender a los productores.
“Si hay algún detenido, tiene que ser investigado porque no se puede permitir que existan ni campesinos muertos ni heridos de la Policía Nacional y la investigación deben continuar a pedido de ellos y eso se realiza con las detenciones”, manifestó.
La semana pasada, el juez cautelar, Carlos Guerrero, dispuso la libertad de los agricultores Anacleto Aguirre, Félix Vallejos, Agustín Choque y Serapio Choque sin objeción del Ministerio Público, sino a condición de presentar un garante personal y presentarse ante la Fiscalía del Distrito una vez por mes para firmar el cuaderno de investigaciones.
Los dirigentes de Caranavi pidieron también a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados gestionar la libertad de algunos detenidos, sin embargo se decidió que las investigaciones sigan su curso normal.
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