En la generadora eléctrica Corani, la GDF Suez tenía un 50% de participación.
El embajador de Francia en Bolivia, Antoine Grassin, espera que el Estado boliviano indemnice en el marco de los tratados a las empresas francesas que fueron afectadas con la nacionalización de las eléctricas el pasado 1 de Mayo, ya que sólo así podrá ver que en el país se respeta la seguridad jurídica.
“Bolivia demostrará ante Francia que existe seguridad jurídica, cuando las empresas francesas sean indemnizadas por el Gobierno”, dijo al referirse a la nacionalización de la empresa eléctrica Corani.
Ecoenergy Internacional, subsidiaria de la francesa GDF Suez, que participaba en Corani; la británica Rurelec PLC, accionista de Guaracachi; y The Bolivian Generating Group, capitalista de Valle Hermoso, además de Rurelec en Elfec fueron las empresas perjudicadas con la nacionalización.
En la generadora eléctrica Corani, la GDF Suez tenía un 50% de participación y a su vez el Estado francés es socia de esta compañía en un 35,7%.
En ese marco, la nacionalización fue una decisión que “afectó directamente al Estado francés”, un asunto bilateral, porque tiene una participación en la empresa afectada.
Indicó que en las negociaciones de la GDF Suez con autoridades del Poder Ejecutivo se verán al final los resultados con la indemnización.
“A la fecha ENDE eligió una empresa independiente como señala el Decreto y ésta empezará a trabajar para dar a conocer el valor de las inversiones en el tiempo que manifiesta la disposición”, dijo.
PACTO BILATERAL
Para el gobierno de Francia, Bolivia incumplió el pacto bilateral de inversiones al nacionalizar una filial eléctrica de GDF Suez.
El acuerdo bilateral sobre inversiones vigente desde 1989 entre ambos países establece que en caso de nacionalización debe producirse de forma previa el pago de una indemnización. “Estos mecanismos no han sido respetados por parte de Bolivia”, dijeron en esa ocasión la representación diplomática de Francia.
El Gobierno estableció un período de seis meses para un acuerdo económico de Bolivia y las eléctricas, sólo se recurrirá a un arbitraje internacional si en ese lapso de tiempo no se encuentra una salida.
El arbitraje es un mecanismo para encontrar un acuerdo cuando realmente todas las vías de negociación han fracasado.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial es una de las opciones de arbitraje que tienen los socios de las eléctricas, aunque Bolivia no lo reconoce.
ABOGADOS
Según el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Bernardo Wayar, si Bolivia ha suscrito los tratados de inversión que incluyen en su generalidad cláusulas arbitrales, las mismas deben ser respetadas.
“Si una empresa que estando en Bolivia hubiera caducado o habría sido motivo de nacionalización, normalmente se suscriben cláusulas arbitrales en los contratos para que se someta a cualquier instancia. Normalmente, es tan pactada bajo las cláusulas de inversión y arbitraje internacional y su estancia, que sus procedimientos son fuera del país”, advirtió.
Wayar explicó que las disposiciones que dicten los árbitros son decisiones que obligan a cumplir por el Estado boliviano, una vez que se hayan agotado todos los procedimientos arbitrales como la Cámara de Comercio y el CIADI, o los arbitrajes ad–doc o de las naciones Unidad y los laudos que se dicten deben ser cumplidos.
Desde que llegó al poder, el presidente Evo Morales no dejó pasar ningún 1 de Mayo sin nacionalizar alguna empresa privada. Sectores de las empresas de hidrocarburos, telecomunicaciones y ahora también la generación de electricidad pasaron a manos del Estado.
El Gobierno tiene actualmente dos demandas ante el CIADI, con la minera Atlas y la ETI, antigua socia de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, los mismos que no reconoce.
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