Fallo. La estatal petrolera fundamentó peligro de fuga y obstaculización del proceso. El empresario buscó demostrar su inocencia y no lo logró. La defensa analiza otro recurso.
Tras seis horas de audiencia cautelar, ayer el juez décimo de Instrucción en lo Penal, Zenón Rodríguez, dictó medidas preventivas contra el empresario Marcelo Limón y lo envió al penal de Palmasola, debido a que la defensa del imputado no presentó un documento que acredite un domicilio fijo y además, porque consideró que estando libre existe el riesgo de obstaculización al proceso de investigación.
La resolución fue aplaudida por los abogados de YPFB y la Fiscalía, que a la conclusión de la reunión destacaron la actitud del juez. Sobre la cabeza de Limón pesa la acusación de una supuesta estafa por Bs 2,3 millones en la compra de combustibles al distro oriente de la estatal.
YPFB, representada como parte civil fundamentó peligro de fuga y obstaculización del proceso, en virtud a que Limón declarado en rebeldía fue sorprendido y aprehendido en la ciudad de La Paz mediante mandamiento expedido por la autoridad jurisdiccional.
Durante la audiencia, Limón pidió la palabra y en unos 20 minutos buscó demostrar que era inocente, que la deuda que se le atribuye no es de él sino de los antiguos propietarios de las estaciones de servicio Ángel Sandóval y San Pedro del Norte. Con insistencia remarcó que tuvo la voluntad de llegar a un acuerdo y cancelar los Bs 2,3 millones pero que YPFB nunca aceptó la alternativa.
La defensa de Limón, a través del abogado Jorge Alberto Franco, indicó que analizarán si impugnarán la resolución. “La defensa ha articulado varios incidentes al progreso de las solicitudes de medidas cautelares, las que a priori han sido rechazadas por el juez, no obstante, de demostrarle con pruebas y de forma objetiva la procedencia de los mismos y en la última parte hemos pedido que se nos otorgue medidas sustitutivas a la detención preventiva protestando que sea una fianza económica de 2,3 millones de bolivianos para que el imputado pueda asumir su defensa en libertad”.
Agregó que el proceso busca encubrir a los responsables de los actos de corrupción. “En primer lugar, ellos (YPFB) están con la intervención ilegal usufructuando los surtidores; en segundo lugar se necesita un espectáculo de esta magnitud para encubrir a los responsables”, acotó.
Por su lado, Ángela Mazza exteriorizó su complacencia por el fallo e indicó que al fin se hace justicia.
Limón fue imputado por los delitos de estafa agravada, falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, daño económico al Estado y otros.
LA AUDIENCIA
Problemas. A las 10:00 se instaló la audiencia en la oficina del juez décimo de Instrucción en lo Penal; sin embargo, la pequeña sala fue ‘rebasada’ por más de una treintena de personas y más de una decena de policías. A las 11:20 la sesión fue trasladada a la sala de audiencias, lugar al cual no tuvieron acceso los periodistas, pese a que estas sesiones son públicas. Al promediar las 16:05 el magistrado emitió la resolución contra Limón.
El caso. En marzo de este año, la Unidad de Transparencia de YPFB detectó y denunció el fraude por la venta de 580 mil litros de diésel y 94 mil litros de gasolina especial a Marcelo Limón. El monto de la estafa es de Bs 2,37 millones.
Nota : El Deber
La resolución fue aplaudida por los abogados de YPFB y la Fiscalía, que a la conclusión de la reunión destacaron la actitud del juez. Sobre la cabeza de Limón pesa la acusación de una supuesta estafa por Bs 2,3 millones en la compra de combustibles al distro oriente de la estatal.
YPFB, representada como parte civil fundamentó peligro de fuga y obstaculización del proceso, en virtud a que Limón declarado en rebeldía fue sorprendido y aprehendido en la ciudad de La Paz mediante mandamiento expedido por la autoridad jurisdiccional.
Durante la audiencia, Limón pidió la palabra y en unos 20 minutos buscó demostrar que era inocente, que la deuda que se le atribuye no es de él sino de los antiguos propietarios de las estaciones de servicio Ángel Sandóval y San Pedro del Norte. Con insistencia remarcó que tuvo la voluntad de llegar a un acuerdo y cancelar los Bs 2,3 millones pero que YPFB nunca aceptó la alternativa.
La defensa de Limón, a través del abogado Jorge Alberto Franco, indicó que analizarán si impugnarán la resolución. “La defensa ha articulado varios incidentes al progreso de las solicitudes de medidas cautelares, las que a priori han sido rechazadas por el juez, no obstante, de demostrarle con pruebas y de forma objetiva la procedencia de los mismos y en la última parte hemos pedido que se nos otorgue medidas sustitutivas a la detención preventiva protestando que sea una fianza económica de 2,3 millones de bolivianos para que el imputado pueda asumir su defensa en libertad”.
Agregó que el proceso busca encubrir a los responsables de los actos de corrupción. “En primer lugar, ellos (YPFB) están con la intervención ilegal usufructuando los surtidores; en segundo lugar se necesita un espectáculo de esta magnitud para encubrir a los responsables”, acotó.
Por su lado, Ángela Mazza exteriorizó su complacencia por el fallo e indicó que al fin se hace justicia.
Limón fue imputado por los delitos de estafa agravada, falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, daño económico al Estado y otros.
LA AUDIENCIA
Problemas. A las 10:00 se instaló la audiencia en la oficina del juez décimo de Instrucción en lo Penal; sin embargo, la pequeña sala fue ‘rebasada’ por más de una treintena de personas y más de una decena de policías. A las 11:20 la sesión fue trasladada a la sala de audiencias, lugar al cual no tuvieron acceso los periodistas, pese a que estas sesiones son públicas. Al promediar las 16:05 el magistrado emitió la resolución contra Limón.
El caso. En marzo de este año, la Unidad de Transparencia de YPFB detectó y denunció el fraude por la venta de 580 mil litros de diésel y 94 mil litros de gasolina especial a Marcelo Limón. El monto de la estafa es de Bs 2,37 millones.
Nota : El Deber
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