La Cámara Forestal de Bolivia (CFB) no pone objeción a la realización de las auditorías a las concesiones forestales, este es un aspecto previsto por la legislación vigente, que no requiere de ningún Decreto Supremo ni de normas adicionales para ser aplicado, salvo la decisión y la capacidad institucional de la Autoridad Boliviana de Bosques y Tierra (ABT).
En todo caso, la CFB espera que estas auditorías mantengan su propósito de fiscalización técnica y no sea un pretexto legal forzado para justificar la reversión de las concesiones forestales.
Es pertinente destacar que el país cuenta con más de 55 millones de hectáreas de bosques, de los cuales los derechos de concesiones forestales apenas alcanzan a 3.2 millones de hectáreas y que a criterio de la CFB y científicos forestales de otras instituciones y entidades prestigiosas, las concesiones forestales son las tierras que se encuentran en mejor situación de conservación frente a aquellas otras tierras fiscales que están siendo permanentemente afectadas por el cuartoneo de madera y la deforestación. Es más, de estos 3.2 millones de hectáreas de bosques, 2 millones tienen el “Sello Verde”.
Adicionalmente, es importante aclarar que por Ley, toda concesión forestal mantiene obligaciones económicas con el Estado; información que es confirmada por la ABT, en sus informes anuales donde especifica que los pagos del sector por Patente Forestal y otros conceptos ascienden a 86 millones de dólares desde el año 1997 al 2008 (que son los últimos datos que ha publicado la ABT, ex Superintendencia Forestal).
Además de los ingresos generados al Estado por Patentes y otras contribuciones específicas, el sector forestal no goza de privilegios tributarios ni subsidios de ningún tipo, de ahí que paga los impuestos del régimen tributario general como IVA, IT e IUE, cuyo monto asciende a aproximadamente entre 7 y 8 millones de dólares anuales, sin contar las divisas que percibe el Estado por exportaciones de productos forestales.
Con estos antecedentes sorprende la declaración de funcionarios de Gobierno en sentido que las concesiones no contribuyen económicamente al Estado.
Finalmente, la CFB espera que este proceso de auditoría anunciado, así como la migración de los actuales derechos forestales a un nuevo régimen, previstos por la nueva CPE, se realicen en un marco de equidad y legalidad, reconociendo la extraordinaria contribución de este sector productivo al país. Hay que recordar que sólo el sector forestal genera más de 90.000 empleos directos, de los cuales el 80% aproximadamente se encuentran en las áreas rurales; por otro lado está comprobado científicamente que el aprovechamiento de madera de las concesiones significa una poda para el bosque, beneficiándolos al grado que actualmente las concesiones forestales son comparables con los parques nacionales.
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