Participación Popular mantiene su esencia en Ley de Autonomías

Luis Vaca Pinto

En abril de 1994 el ex presidente del Estado, Gonzalo Sánchez de Lozada, promulgo la Ley de Participación Popular, la misma que permitió una mayor descentralización administrativa, con un mayor desplazamiento de tareas y decisiones a los gobiernos municipales, con ello se pudieron formar nuevos municipios, permitiendo la integración entre los municipios urbanos y rurales, otorgando competencias y recursos para el ejercicio de las mismas, además de incorporar a los pueblos indígenas.
El lunes esta Ley ha dejado de existir con la promulgación de la Ley Marco de Autonomías, que fue promulgada por el presidente Evo Morales, aunque algunos analistas consideran que ésta puede desaparecer, el proceso que éste inició no desaparecerá en el tiempo, utilizando como ejemplo que actualmente se está profundizando las mismas, manteniendo la estructura municipal que ésta permitió y manteniendo la incorporación de los pueblos indígenas.
Para el rector de la Uagrm y ex concejal municipal, Reymi Ferreira, la Ley de Participación Popular permitió el desarrollo a los municipios tanto urbanos como los de las áreas rurales, al otorgar a los mismos competencias y acompaño con recursos económicos para el ejercicio de ellas, permitiendo así un mayor desarrollo.
“Esta Ley eliminó una injusticia que era repartir lo que se recaudaba, entre los municipios que lo recaudaban y aquellos que tenían poca recaudación no recibían nada, utilizando el criterio de la reciprocidad por la equidad, dándole por población a los municipios que requerían”, enfatizó Ferreira a tiempo de añadir que esta Ley permitió a los municipios incorporarse en materia de educación, además de lograr la incorporación de la sociedad civil en la fiscalización de sus autoridades.
“En mi criterio esta Ley fue una verdadera revolución democrática, que nuestro país después de 15 años puede aquilatar con los resultados” añadiendo que ésta permitió el mejoramiento de las condiciones de desarrollo de los municipios, dado que le otorgaba mayores recursos y permitió una mayor efectividad en que las obras llegaran a la ciudadanía.
Reymi Ferreira manifestó que esta Ley permitió a los sectores que antes de su promulgación no tenían recursos, obtenerlos para así alcanzar su desarrollo, así mismo recordó que antes de la misma solamente existían municipios urbanos, pero al no tener recursos económicos no podían ejercer sus competencias, “por que de qué sirve una competencia sin recurso, por eso fue sabia la Ley de Participación Popular, que entregó responsabilidades pero a la vez acompañó con recursos”.
Por su parte el director del Cepad, Rubens Barbery, indicó que el desarrollo de los municipios hoy en día se debería al proceso que esta Ley inició, dado que desde antes de ser promulgada la Ley la centralización de los recursos económicos en el país se encontraba en las principales ciudades capitales, por lo que ésta permitió la existencia de nuevos municipios y mejores obras para los ciudadanos.
“El resultado de este proceso que se generó con el desarrollo de la Ley de Participación Popular fue el permitir a los mismos municipios recibir recursos y generar por lo tanto su desarrollo, por lo que es un resultado concreto” aseguró Barbery quien a la vez enfatizó que con la derogación de esta Ley, en la Ley Marco de Autonomías, el proceso que comenzó la misma no se podrá diluir, pidiendo que el mismo sea profundizado.
El director del Cepad indicó que con esta Ley se les otorgó una relativa autonomía de gestión pública a los municipios urbanos y rurales, que recién fueron creados, permitiendo a la vez que la organización social de los pueblos indígenas adquieren también, por primera vez, un reconocimiento jurídico, por lo que esta nueva Ley Marco de Autonomías no elimina la estructura municipal que crea la de participación popular, mas por el contrario la mantendría.
“La dificultad siempre estaba dentro del punto de vista financiero, cuando se entregan y se definen competencias lógicamente tienen que ir acompañados de los recursos necesarios, para que la institución pública pueda ejecutarla, si esto no se daba obviamente iba a ser difícil aplicar las competencias otorgadas” señaló Barbery a la vez de aclarar que esta misma indicaba que lo que no estaba escrito en un presupuesto, era tomado como que no existiera.
“Fue el primer paso para las autonomías, el paso fundamental para las autonomías municipales reales y obviamente un modelo a seguir para intentar llegar a un modelo de autonomías departamentales, que sería el principal debate de este momento” finalizó Barbery.


Nota : El Mundo