Desafortunadamente en los últimos años, ningún Gobierno ha podido resolver definitivamente el problema del desempleo en nuestro país. Las cifras oficiales establecen que en tan sólo un año, entre el 2008 y 2009 la tasa de informalidad en las ciudades del eje troncal aumentaron de 58% a 62%.
Las cifras hacen mención al sector informal en sus dos componentes: semiempresarial (pequeños propietarios y asalariados) y familiar (trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados)
Si bien desde la década de los 90 la participación del sector informal en el empleo estuvo cerca del 60%, fue disminuyendo en los 2000 a medida que aumentaba el empleo formal precario y se intensifican los flujos migratorios transnacionales, según datos oficiales.
Sin embargo, con la crisis económica y el aumento del desempleo, una fracción de la fuerza de trabajo se dirigió nuevamente a este sector, ya sea para trabajar como asalariados o para realizar cualquier actividad económica por su cuenta o como trabajadores no remunerados en emprendimientos familiares.
PRIVILEGIO DE
MUJERES
Además, el sector informal fue dejando de ser el espacio predominante de ocupación de las mujeres para abarcar a un porcentaje cada vez mayor de población masculina, de manera que hacia el 2008 ya se había reducido la brecha de informalidad entre ambos sexos. En el 2008, con cerca de tres puntos porcentuales por encima del año anterior, la tasa de informalidad entre los hombres llegó al 57,1% y entre las mujeres al 67,6%.
En comparación con otros países de la región, Bolivia presenta una de las tasas de informalidad más elevadas, lo que sumando a un desempleo de dos dígitos, da como resultado un panorama laboral extremadamente crítico que se profundiza con la contracción económica en las actividades intensivas en mano de obra. Esta tendencia expresa, una vez más, que los costos de las crisis siempre recaen con más fuerza sobre los trabajadores.
DESPROTECCIóN
SOCIAL
Un porcentaje extremadamente alto de trabajadores y trabajadoras no cotiza en la seguridad social para contar con una jubilación o renta de vejez. Sin variaciones de un año a otro, apenas uno de cada cinco ocupados en las ciudades del eje (20,7%), aportaba regularmente al sistema de pensiones. Entre los asalariados esta proporción sigue siendo baja y en un año disminuyó de 38,0% a 37,5%.
Este otro indicador de que las condiciones de trabajo siguen siendo precarias y socialmente desprotegidas, sobre todo entre quienes ya eran vulnerables antes de la crisis. En todo caso, es destacable la baja cobertura de los beneficios de protección social en el sector empresarial, que apenas abarca a uno de cada tres ocupados, reflejando que el Estado no ha logrado frenar las prácticas de flexibilidad laboral ni establecer los controles adecuados para que los derechos de los trabajadores sean respetados por los empleadores.
Si esto es así en el llamado sector formal e incluso en el propio sector estatal, la situación de desprotección social prácticamente se ha generalizado entre los asalariados del sector semiempresarial y en el sector familiar.
El informe sostiene que esto ocurre a pesar de la promulgación, entre otras, de normas que prometen favorecer la ampliación de la cobertura del sistema de pensiones, incluyendo a los trabajadores independientes. De continuar esta tendencia seis de cada diez trabajadores no contarán con los recursos propios para vivir adecuadamente en su vejez, lo cual supone un gran desafío para la sociedad y, específicamente para el Estado.
PRECARIEDAD
LABORAL
Los indicadores presentados hasta aquí hablan por sí mismos de la precariedad de las condiciones laborales y su persistencia en el tiempo.
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