Villena habló del lento avance en la investigación del caso uncía
El fiscal de Distrito de Potosí, Sandro Fuertes, anunció ayer la posibilidad de iniciar una acción penal por el delito de desacato contra el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, por las recientes declaraciones presuntamente ofensivas que hizo respecto al avance del caso Uncía.
La autoridad judicial señaló que el Ministerio Público fue afectado en su dignidad porque el Defensor faltó a la verdad para referirse de manera inapropiada sobre el ejercicio de las funciones de quienes están a cargo de la dirección funcional de la investigación.
“Presumiblemente, él hubiese subsumido su conducta en lo que establece el artículo 162, del Código Penal, es decir, desacato, y vamos a ver después de realizar una junta de fiscales la posibilidad de llevar adelante una acción penal contra esta autoridad”, aseveró.
Entre tanto, el fiscal Juan Carlos Ramírez explicó, en quechua, que la pesquisa tuvo avances puesto que se identificó y solicitó la aprehensión de cinco co-implicados en el asesinato de cuatro policías en la región de los ayllus de Uncía, además del único imputado y detenido de manera preventiva, Hilarión Escapa Gallego.
El operador de justicia recordó que las autoridades policiales tienen la orden de capturar a cinco personas más, entre ellas a Anacleto Mendoza, Juan y Angel Collo y Filomena Moruchi Toribio.
El representante del Ministerio Público estableció que en los próximos días se publicarán edictos para convocar a los sindicados, puesto que no fueron hallados durante las últimas semanas en el afán de que asuman defensa por los cargos en su contra.
El caso Uncía está relacionado con el linchamiento en mayo de cuatro policías de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos de Oruro.
Villena criticó que fiscales no hablen idiomas
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, estableció la semana pasada que la investigación del caso Uncía está estancada porque los fiscales y los investigadores asignados no hablan los idiomas originarios de los habitantes de los ayllus.
“Un intérprete es quien les traduce las cosas, algunas que no necesariamente dice la comunidad, por eso es necesario que evaluando el poco avance que se hizo hasta el momento por parte de los fiscales e investigadores, hay que hacer ajustes más temprano para avanzar en el caso”, manifestó el 15 de septiembre ante varios medios de comunicación.
El Defensor manifestó, por ello, que existe la necesidad de que los enviados al lugar para la pesquisa hablen quechua o aymara para recabar información precisa y directa de los comunarios.
La aseveración del Defensor del Pueblo fue puesta a prueba ayer con el fiscal principal del caso, Juan Carlos Ramírez, quien habló en quechua para refutar la versión sobre el estancamiento de la investigación a su cargo y se refirió a los avances efectuados.
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