La Gobernación de Cochabamba, presentó denuncia formal ante la Fiscalía de Distrito en contra de varios ex funcionarios de la Prefectura por el presunto daño económico de 346 mil bolivianos.
El director de Asuntos Jurídicos y Normativos de la Gobernación, Víctor Coca, informó que el proceso se enmarca en los alcances de la política anticorrupción y en cumplimiento de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Informó que entre las personas involucradas figuran los ex funcionarios: Sergio Ronald Alana Pol Kippes, Guy Fernando Trigo Iriarte, Julio Franklin Guzmán Guillen, José Fernando Peña Cavero, Andrés Iván Henry García Gutiérrez, Patricia Ortuño Navia y Miguel Angel Candano Antezana, estos dos últimos, particulares, implicados en la compra y venta ilegal de la casa de Guzmán Guillén.
Entre los delitos que pesan contra los ex funcionarios están el uso indebido de bienes y servicios públicos, peculado, malversación, negocios incompatibles en el ejercicio de las funciones públicas, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.
Coca informó que estos hechos se remontan a 1995, determinándose responsabilidad civil, mediante auditoría, contra cinco funcionarios de la ex Planta Industrializadora de Leche (PIL), por no haber emitido las hojas de descargo de Bs 346 mil.
"En lugar de cumplir con la obligación de devolver este dinero, lo que hicieron estos señores fue vender sus bienes y volver a comprar los mismos a nombre de sus esposas, con cláusulas, donde el mismo coactivado expresa que es un bien patrimonial de su cónyuge y no ganancial ", agregó.
La autoridad, también confirmó que muchos de estos ex funcionarios se favorecieron por leyes como la de Blatmann, pero que con la actual Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, los delitos no prescriben, por lo que se iniciarán los procesos penales hasta su sanción final, que es la recuperación de los recursos.
Nota : Opinion |
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