De la “democracia de pactos” a la articulación de democracias emancipatorias

Hace 28 años, tras once años de dictadura militar, interrumpidos apenas por breves coyunturas de gobierno civil, Bolivia apostó a la democracia como forma de gobierno y al mismo tiempo como escenario de disputa por el poder y la hegemonía entre las clases dominantes -herederas del capitalismo y su gemelo, el colonialismo- y las clases subalternas -portadoras de múltiples formas de pensar la emancipación-. Hablar de una sola democracia sería ingenuo y apenas un mal eco de los enunciados de una diversidad de políticos y analistas que se niegan a ver la realidad o si la hacen prefieren encubrir su naturaleza. No hay una sola democracia y quizá para el propósito de este artículo -que es una suerte de breve historiación para no olvidar el pasado y pensar el futuro- sea útil emplear la distinción que hace el intelectual argentino Atilio Borón, en su libro El Buho de Minerva, entre la democracia ascendente -en la que se registra una capacidad de organización y participación de la población- y la democracia descendente -en la cual el mercado se apoya en la desorganización y la exclusión de la mayor parte de la gente. Por razones metodológicas quizá sea recomendable hablar de tres momentos de la etapa posdictaduras militares, de los cuales uno ha sido muy breve (1982-85), el segundo alcanzó a dos décadas (1985-2005) y el últimos va, desde enero de 2006, camino al quinto año. El primero, que el desaparecido líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz lo caracterizaría como el momento del repliegue táctico de los militares a sus cuarteles, se desarrolló en medio de la tercera crisis de Estado de la historia del país al enfrentar al decadente nacionalismo revolucionario y al emergente proyecto neoliberal. Los tres años del gobierno de la reformista Unidad Democrática y Popular (UDP) y la radicalidad del movimiento sindical liderado por la COB constituyeron una coyuntura en la cual o se profundizaba la democracia por la vía de una protagónica y decisiva toma de decisiones de parte de los trabajadores o se allanaba el camino a un proceso regresivo de inimaginables consecuencias para las clases subalternas y la patria toda. Y así fue, la incapacidad de una convergencia entre el gobierno y los sindicatos le tendió una alfombra al re-ingreso que a paso de parada, pero esta vez sin su partido de preferencia -las Fuerzas Armadas-, las clases dominantes hicieron en agosto de 1985. A la mitad de la década de los 80, tras escasos tres años de una autonomía relativa del Estado-, el doctor Víctor Paz Estenssoro retomaba, a nombre de las clases dominantes, la conducción del país y aplicaba de entrada, apoyado en la derrota política e ideológica de las clases subalternas, un modelo neoliberal que iba a vaciar la democracia, disminuir al máximo los espacios de organización social y transnacionalizar el conjunto de la economía nacional. El mercado desplazaba a la democracia o, para decirlo de otra manera, la democracia definía sus contornos a partir de las necesidades del mercado. Durante 20 años de democracia descendente -es decir aquella en la que el sistema político funciona a imagen y semejanza del núcleo hegemónico de la burguesía, se producen distintas formas de exclusión y la ganancia es la razón de ser de la vida diaria-,cincopartidos de ideología definida(MNR, ADN, PDC, MIR y NFR) y otras dos organizaciones populistas (Condepa y UCS) conformaron, a través de todas las combinaciones posibles, coaliciones pequeñas y megas, gobiernos cuya fuente de mandato no estaba en la voluntad popular sino en el Congreso Nacional. Eso sucedió con Víctor Paz Estenssoro, que de ubicarse segundo en las elecciones (30,36%) fue elegido presidente tras su alianza con el MIR de Jaime Paz Zamora (10,18%), dejando con los crespos hechos al ex dictador Hugo Banzer, quien recibió el respaldo del 32,83%. Y la historia de los “amarres”, al que se llegó a bautizar con el desacreditado concepto de la “democracia de pactos”, continuó su curso: en 1989, Jaime Paz Zamora se ubicó en un distante tercer lugar con un 21,83%, pero una hábil jugada lo convierte en presidente del país al establecer una alianza con el ex dictador Banzer (25,24%). Gonzalo Sánchez de Lozada, el nuevo jefe del MNR que acababa de suceder a Paz Estenssoro y pese a ocupar el primer lugar en las elecciones con un 26,65% tuvo que esperar algunos años más para ponerse al frente del timón del Estado. Cuatro años después, en 1993, Sánchez de Lozada vuelve a ganar las elecciones con un 35,55% y el Congreso Nacional lo elige como Presidente de Bolivia; en 1997 el Binomio Hugo Banzer-Jorge Quiroga asume la conducción estatal con un 22,26% de votación, con el apoyo en el Congreso de MIR, UCS y Condepa. Finalmente, en 2002, dos años después de inaugurarse la cuarta y más profunda crisis estatal, Sánchez de Lozada (22,46%) se convierte en el último presidente neoliberal con el apoyo de MIR, UCS y NFR. Por un pelo el MAS de Evo Morales no se hace del gobierno. ¿Cuáles son los rasgos centrales de las dos décadas de ese segundo momento de la democracia en Bolivia? A manera de apunte: alianzas de las más inimaginables entre los partidos, ninguno de los candidatos supera el 35% de votación, el Congreso Nacional y no la población elige al Presidente y Vicepresidente de la República, privatización de las empresas pequeñas primero y transnacionalización de las estratégicas después, libre contratación y recortes a la libertad sindical, estabilidad macroeconómica y un crecimiento promedio no superior al 4%, drástica disminución de la soberanía nacional y notoria injerencia estadounidense, ejecución de tres miembros de la Comisión Néstor Paz Zamora (CNPZ), represión de la protesta social, virtual congelamiento de los sueldos y salarios, ahorro de 1.700 millones de dólares de reservas internacionales netas, cuoteo de los poderes del Estado y una liquidación del aparato productivo. Tensiones en la democracia plural Y la crisis de Estado caló profundo. En diciembre de 2005, con un 54% de la preferencia electoral, el binomio Evo Morales-Alvaro García Linera le da un giro de 180 grados a la historia. Por un lado, las democracias deliberativa y comunitaria que marcaron las sucesivas coyunturas políticas a partir del año 2000, en las cuales la iniciativa política y la capacidad organizativa estaban por fuera de la camisa de fuerza del Estado y personificadas en los movimientos sociales, principalmente indígenas y campesinos, encontraron en la democracia representativa una puerta de entrada (o quizá de salida) para tener la condición de posibilidad de construir un país de manera diferente. La agenda se las dio octubre de 2003: recuperación estatal de los recursos naturales, Asamblea Constituyente, juicio a Gonzalo Sánchez de Lozada y cambio del modelo neoliberal. En realidad se trataba de inaugurar una época revolucionaria para superar el orden capitalista y colonial desde una perspectiva emancipadora. A partir del desplazamiento del viejo bloque en el poder por otro nuevo, una combinación sincronizada del gobierno y los movimientos sociales da lugar a: nacionalizaciones del petróleo, ENTEL y la empresa Metalúrgica Vinto; creación de otras empresas estatales; reservas internacionales netas que superan los 9.000 millones de dólares, estabilidad macroeconómica, aumento de sueldos y salarios, creación de fuentes de trabajo aunque por debajo de las expectativas, políticas sociales de redistribución que han sacado a más de 500.000 personas de la extrema pobreza, aumento de la capacidad organizativa del bloque indígena-popular y recuperación de la soberanía perdida. A todo eso hay que añadir lo más importante: la aprobación de una nueva Constitución Política del Estado que deja atrás el Estado monocultural y da nacimiento a un Estado plurinacional y autonómico, social y comunitario, cuya construcción institucional da señales de conflictos y tensiones previsibles en la sociedad boliviana y dentro del propio nuevo bloque de poder. ¿cuánto de industrialización y cómo hacerlo compatible con la necesaria armonía con la naturaleza?, ¿un Estado que succiona a la sociedad o una sociedad en la que se diluye el Estado?, ¿cuánto de economía comunitaria y dónde construirla o reconstituirla? y ¿será posible combinar mercado con planificación participativa? Pero la sola formulación de esas y otras preguntas sitúa al bloque indígena-popular en un lugar radicalmente distinto al ocupado en más de 180 años de resistencias, de derrotas y pequeñas victorias, y le da al mismo tiempo una responsabilidad muy grande para no desperdiciar la condición de posibilidad de emanciparse con sus propias manos. No ha sido fácil llegar hasta donde se está ahora. Se ha tenido que enfrentar una gama de conspiraciones, de las que el intento de golpe cívico-prefectural para dividir el país en agosto-septiembre de 2008 y la amenaza de magnicidio en abril de 2009 han sido las más grandes. Pero, las batallas del presente se presentan mucho más complejas y difíciles en un contexto en que la ausencia de un enemigo visible, los problemas que existen para seguir alimentando la pluralidad dentro del proceso, las visibles posiciones políticas diferentes frente a la relación entre industrialización y armonía con la naturaleza y la falta de espacios que procesen las diferencias constituyen una amenaza, quizá mucho más fuerte y peligrosa que las hasta ahora conocidas, para una revolución, pacífica y democrática, con un horizonte socialista. NOta : La Epoca