Pese a las movilizaciones de los periodistas y la insistencia de la oposición, el Movimiento Al Socialismo, desde la Comisión de Constitución del Senado, aprobó sin modificación alguna la ley antirracista y la envió al pleno de la Cámara Alta, manteniendo los artículos que atentan contra la libertad de expresión.
La Comisión presidida por el senador Eugenio Rojas ignoró el proceso de diálogo impulsado por el senador Eduardo Maldonado, quien, desde esa Comisión recibió propuestas de modificación de la ley. Tampoco tomó en cuenta las protestas de los trabajadores de la prensa de las últimas horas ni la supuesta sugerencia que hizo conocer la Presidencia del Estado Plurinacional para modificar el artículo 23, con el argumento de que no le llegó nada oficial desde el Palacio de Gobierno.
En otras palabras, el Proyecto de Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación pasó al pleno del Senado con los artículos que imponen la censura previa en el ejercicio periodístico, el cierre de los medios de comunicación y la reclusión en la cárcel de periodistas, trabajadores de prensa y propietarios de medios de comunicación que sean hallados culpables de cometer el delito de racismo o discriminación.
Rojas, ex alcalde de Achacachi y el senador que planteó inflexibilidad en torno a la ley desde hace tres semanas, declaró que es posible modificar el artículo 23 en el pleno, mientras que la senadora Mirtha da Costa, también del MAS, dijo que las observaciones de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación serán tomadas en cuenta en un proceso posterior a la promulgación de la ley, en la reglamentación que debería darse en el plazo de hasta 90 días.
El proyecto de ley antirracista fue aprobado en medio de fuertes discusiones y acusaciones. Los parlamentarios de la oposición plantearon las propuestas de modificación, pero de igual modo, el oficialismo no los tomó en cuenta. El mayor debate se desarrolló en torno al artículo 16 que permite el cierre de los medios de comunicación. Finalmente, aquellos abandonaron la sesión.
Tras el mediodía, el vocero de Gobierno, Iván Canelas, informó que el Presidente, luego de reunirse con la bancada del MAS, sugirió la modificación del artículo 23, en su parágrafo II, del texto inicial: "Cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero" a "Ningún ciudadano o ciudadana podrá alegar fuero o inmunidad". No sirvió de nada.
“En el fondo no había la intención de modificar nada, porque si hubiera intención, el Gobierno lo hubiera hecho. La consulta a las organizaciones sociales fue sólo un pretexto”, reflexionó el analista Jorge Lazarte.
El oficialismo aprobó el proyecto de ley, a pesar de la creciente presión del sector para que los artículos sean modificados y pese a la huelga de hambre anunciada por la oposición. El diputado Tomás Monasterio se declaró anoche en huelga de hambre, mientras que en Santa Cruz, la también diputada Jéssica Echeverría (PPB), se sumó al ayuno forzado.
En ese sentido, la confederación de trabajadores de la prensa de Bolivia convocó a los trabajadores de prensa y periodistas a intensificar las protestas contra lo que se ha llamado ley mordaza en las ciudades de Tarija, Sucre, Santa Cruz, Cochabamba y Potosí.
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