La ley antirracista que ha impuesto la censura y la mordaza en Bolivia recibe cada vez mayor rechazo en la ciudadanía que se ha sumado a la protesta de los periodistas y medios de comunicación en diferentes ciudades del país.
Mientras tanto, las principales organizaciones de periodistas y medios de comunicación del país han anunciado que no van a participar de la reglamentación de la ley, como se ha propuesto el Gobierno.
La Asociación Nacional de la Prensa, en una reunión de Directorio realizada en Santa Cruz, dijo que participar del proceso de la redacción del reglamento “sería reconocer la ley que estamos impugnando las organizaciones periodísticas”. La Asociación de Periodistas de La Paz informó que tomó la misma determinación, luego de la Presidencia del Estado Plurinacional declaró que convocarán a los sectores del periodismo para redactar el reglamento.
“¿A qué vamos a ir?, ¿a definir cuánto hay que cobrarle a un medio por emitir expresiones racistas?, la ley está hecha, lo que hay que hacer es eliminar el artículo 16 y modificar el 23”, declaró Pedro Glasinovic, presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz.
Mientras en Santa Cruz, la ANP expresó su respaldo a los trabajadores de prensa, periodistas y el director Ejecutivo del diario El Deber que se encuentran en huelga de hambre contra la ley antirracista que ha impuesto la censura previa, la mordaza y amenaza con cárcel para los periodistas y la suspensión del medio de comunicación que hayan incurrido en racismo y discriminación.
"Es difícil volver a confiar en la promesa de apertura del Presidente Morales en la discusión del reglamento de la ley", declaró Juan Javier Zeballos, director Ejecutivo de la ANP, quien recordó que la anterior semana el Primer Mandatario abrió la posibilidad de modificar la ley, algo que finalmente no ocurrió.
La movilización de los periodistas continúa en el resto del país. En Cochabamba hubo movilizaciones de rechazo al instrumento legal promulgado el viernes por el Presidente Evo Morales y en La Paz se ha intensificado el registro de ciudadanos que piden la derogatoria de los artículos 16 y 23 de la ley antirracista.
En la ciudad de El Alto, Leopoldo Ibarra, dirigente de la federación de periodistas de esa ciudad, criticó al Vicepresidente Alvaro García, quien declaró que la iniciativa de acumular firmas para pedir la derogatoria es anticonstitucional. “Es una vergüenza que el Vicepresidente opine de esa manera, cuando los medios de comunicación le dimos toda la cobertura desde que fue analista”, declaró Ibarra.
Esta mañana, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, declaró que la movilización de los periodistas para modificar la ley 0045 fracasará porque este instrumento legal se sustenta en la Constitución Política del Estado que ha sido aprobada en un referendo nacional, el 25 de enero del 2009.
“Voy a afirmar con total claridad, la democracia no está de duelo; los racistas son quienes están de duelo; los discriminadores son quienes están de duelo, porque la ley afecta a racistas y discriminadores y a quienes difunden ideas de racismo y discriminación”, declaró Chávez, al criticar las movilizaciones de los periodistas y medios de comunicación.
Por otro lado, la ANP y la Asociación de Periodistas de La Paz expresaron su rechazo a las palabras del representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, Dennis Racicot, quien señaló que no consideraba que la ley antirracista sea una mordaza a la libertad de expresión.
La ANP informó que enviará una carta a Racicot, expresando su indignación por la forma en la que se expresó sobre la conveniencia de aplicar sanciones a la prensa y al periodismo, sin evaluar el efecto que los artículos 16 y 23 tienen para la libertad de expresión y para los periodistas en el país.
El 10 de octubre, el Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia convocó “a todos los actores políticos y sociales de Bolivia a trabajar concertadamente para superar las diferencias expresadas en torno a ciertos artículos de la Ley contra el racismo y toda forma de discriminación”, promulgada el viernes 9 de octubre por el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales.
Glasinovic afirmó que existe una “sospechosa afinidad de los criterios de Racicot con la posición del gobierno respecto a los artículos 16 y 23, que establecen una clara conculcación de la libertad de expresión”.
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