Torrico evitó rescate forzoso de policías linchados en Uncía

La defensa de los cuatro policías linchados en Saca Saca (municipio de Uncía) pedirá a la Fiscalía la incorporación del ex Viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, por el delito de incumplimiento de deberes formales al no haber ordenado la intervención policial para rescatar los cuerpos de los efectivos de Diprove.

El abogado de los familiares de los policías linchados, Johnny Castelú, informó ayer que el ex Director de la Dirección de Prevención contra el Robo de Vehículos (Diprove) de Oruro, Mayor Limbert Oporto, declaró ante la Fiscalía que Torrico le ordenó vía llamada telefónica no ingresar a la población "para evitar que se les caiga una inversión de 44 millones de dólares"
Las declaraciones que cursan en el cuaderno de investigaciones del Mayor Oporto señalan: "Recibí la llamada del señor Gustavo, quien me instruyó que evite ingresar a la comunidad haciendo uso de la fuerza y que no me arriesgara a ingresar para evitar más problemas y no empeorara la situación puesto que el día miércoles 26 de mayo, en La Paz, tenía una reunión con dichos ayllus para tratar una serie de proyectos con una inversión de aproximadamente 44 millones de dólares".
En ese marco, Castelú anunció que solicitará el extracto de llamadas con la finalidad de corroborar los datos; además pedirá a la Fiscalía convoque a Gustavo Torrico para que amplíe su declaración con relación a la llamada que habría realizado para evitar la recuperación de los cuerpos de los policías.
Actualmente Gustavo Torrico se encuentra con detención domiciliaria por el caso de supuesta extorsión a menonitas, en el que también está implicado el alemán Dirk Schmidt, quien está recluido en el Penal de Palmasola de Santa Cruz, acusado de tráfico de armas.
En mayo pasado, pobladores de la comunidad Saca Saca, del Departamento de Potosí, lincharon a los cabos Esteban Alave Arias y Rubén Cruz Arequipa; el suboficial Nelson Alcócer Cazano, y el policía Miguel Ramos Pañuni, todos efectivos de Diprove, por supuesta extorsión a los comunarios.
Los familiares para recuperar los cuerpos de los policías firmaron un documento desistiendo de seguir cualquier acción para dar con los responsables de las muertes, pero este documento no les impide seguir procesos contra otras personas ajenas a los ayllus.





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