Según un comunicado difundido por Rurelec, la firma manifestó que, junto a su subsidiaria estadounidense Guaracachi América Inc (GAI), se prepara para entregar una notificación de arbitraje al Gobierno de Bolivia por “violaciones” a los tratados de protección de inversiones que el Reino Unido y EEUU firmaron con Bolivia.
La británica recordó que el decreto de expropiación, emitido el 1 de mayo de este año, instruyó a la Empresa Nacional de Electricidad pagar una compensación a los inversionistas, fijada en un estudio de valoración de sus acciones que debía entregarse en 120 días. Rurelec demanda el pago de más de 73 millones de dólares por sus acciones.
Pese a los intentos de buena fe de ambas empresas (Rurelec y GAI) para resolver la disputa amigablemente, y a pesar del vencimiento del plazo de 120 días para establecer la compensación según lo establecido en el decreto supremo, ninguna oferta de compensación ha sido expuesta por el Gobierno’, agrega la nota.
El director ejecutivo de Rurelec, Peter Earl, sostuvo que la firma está obligada a proteger los intereses de sus accionistas realizando un reclamo formal contra el Gobierno de Bolivia.
Rurelec y GAI han encargado el proceso a la firma legal Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, ‘que tiene experiencia en la resolución de reclamos por nacionalizaciones contra Bolivia’.
El gobierno de Evo Morales expropió las acciones de Rurelec en la generadora eléctrica Guaracachi, equivalentes al 50% del capital.
Las otras expropiadas son Corani, participada en un 50% por una subsidiaria de la francesa GDF Suez; la generadora Valle Hermoso, en la que The Bolivian Generating Group, con socios bolivianos y extranjeros, detentaba igualmente la mitad de las acciones, y una cooperativa local de distribución de energía.
Días después de la nacionalización, la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, anunció que la compensación será de unos 50 millones de dólares en total, cifra ‘sujeta a revisión y a información que presenten las tres empresas’.
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