La Cultura de las quemas impacta en el medio ambiente

“En Bolivia existe un sistema de producción agropecuaria atrasada que se sustenta en la práctica de la quema para reducir costos de producción y en mitos sobre supuestas bondades del fuego para la producción agropecuaria.” Fue una de las conclusiones a las que llegó el Espacio de Reflexión Interdisciplinar.

Existe desconocimiento y falta de voluntad política y equidad por parte de las autoridades estatales para aplicación de normas y leyes que regulan y castigan las quemas e incendios forestales, al mismo tiempo, no existe una adecuada asignación de recursos para la gestión de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.

La ciudadanía en general tiene poca sensibilidad hacia los problemas medioambientales y desconoce el valor del bosque para la vida en el planeta.

Se analizó que algunos periodistas de diferentes medios de comunicación estigmatizan a pequeños productores campesinos, indígenas y colonizadores, como los únicos responsables de las quemas e incendios forestales, lo que no permite reconocer a todos los responsables de estas prácticas dañinas al medio ambiente y la salud pública.

Tampoco existen Políticas de Estado para fomentar y premiar prácticas productivas sustentables y sostenibles.

Focos de calor

Según datos de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), este año en el país se superará el mayor promedio de focos de calor por año, que se había registrado el 2004 (50.464),puesto que hasta el 30 de septiembre de 2010 ya se registraron 50.806 focos de calor, con 3,36 millones de hectáreas quemadas. El departamento deSanta Cruz encabeza la lista con el mayor número focos de calor con 27.661 que representan el 52,4% respecto al promedio a nivel nacional (1,7 millones de hectáreas quemadas), seguido por el departamento de Beni con 20.534 focos de calor que representa un 41,9% con una superficie quemada de 1,4 millones de hectáreas.

Otro dato alarmante, presentado por la ABT, es que en el departamentode Santa Cruzdesde(¿desde cuándo?) que se llevacontrol de deforestación, se han deforestado 10 millones de hectáreas, con un promedio de 300 mil hectáreas por año, este año se han desmontado ilegalmente 85 mil hectáreas.Por otro lado, en nuestro departamento a consecuencia del mal uso de la tierra existen 300 mil hectáreas en proceso de desertificación, de acuerdo a datos delPrograma Nacional de Lucha Contra la Desertificación dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

Paradójicamente, la Cámara Agropecuaria del Oriente y la Federación de Ganaderos de Santa Cruz han solicitado a laABT la ampliación de la frontera agrícola con la escusa de proteger la seguridad alimentaria del país. Sin embargo, en su mayoría los grandes productoresimpulsados por una visión productiva economicista/extractivista que considera a la naturaleza y sus recursos naturales como un medio de acumulación yenriquecimiento, buscan ampliar el cultivo de soya para la producción de Etanol, que tiene gran demanda en el mercado internacional, así como otrosrubros”commodities” como: maíz, girasol, soya, arroz y caña de azúcar.

A lo anterior se suma un claro desconocimiento porparte de empresarios, campesinos, indígenas, colonizadores e incluso autoridades sobre los Planes de Uso de Suelo (PLUS) y consecuentemente están cambiando la vocación de uso mayor del suelo,deforestando áreas que no son aptas para la agricultura intensiva.

Las quemas son una práctica enraizada entre pequeños y grandes productores agropecuarios, que sustentan sus creencias en mitos sobre las supuestas bondades del fuego para las actividadesproductivas agropecuarias, prueba de ello es que los focos de calor que afectan a todo el país se encuentran principalmente en los lugares en los que existen actividades agrícolas, pecuarias y forestales.

Por otro lado, la utilización del fuego muestra el retraso tecnológico que existe en el país en materia de producción agropecuaria, además lasirrisorias multas por quemas establecidas en las normas forestales favorecenesta práctica. La situación se agrava con la presencia de extranjeros en la región que se dedican a la producción intensiva de monocultivos mecanizados.

Igualmente, a pesar de existir normas que protegen el medio ambiente y que castigan los incendios (el artículo 106 del código penal establece privación de libertad de 2 a 4 años a quienes incurran en el delito de incendio)falta capacidad y voluntad política por parte de las autoridades públicas competentes para hacer cumplir las leyes, además no se asignan recursos suficientes a las instituciones creadas para hacer cumplir las normas, como la ABT.

Los productores indígenas poseen conocimientos importantes sobre el manejo del fuego que pueden ser replicadas por otros actores, por ejemplo, sus quemas para el chaqueo se hacen de manera comunal en pequeñas extensiones de tierra, lo que permite un mejor control del fuego. Si bien existen incendios dentro de los territorios indígenas, la mayoría de ellos son producidos por arrendatarios que se encuentran dentro de sus territorios.

Por su parte, en la ciudad,la sociedad en general reclama por las quemas, pero principalmente por elmal aspecto estético que deja el humo en la ciudad, lo que es una distorsión que deja entrever que no nos estamos preocupando por lo esencial, que es el daño al medio ambiente y también a la salud pública, especialmente de niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias.La apatía de la sociedad en su conjunto, respecto a las quemas descontroladas y sus efectos es evidente, es en este momento cuando las organizaciones e instituciones ambientalistas deben hacer sentir su presencia en la perspectiva de concientizar y educara productores, gremios empresariales, autoridades y ciudadanía en general.

Recomendaciones del ERI

•    Se deben abordar los problemas ambientales y de salud pública que genera la práctica de las quemas en la producción agropecuaria en tres niveles; prevención y educación; incentivo a las prácticas productivas sustentables y sostenibles; castigar aplicando con mayor rigor las leyes.
•    Los Gobiernos Municipales deben asumir un rol más protagónico, como sucede en el caso del municipio de Yacuiba que ha disminuido los focos de calor en su jurisdicción, gracias a que cuenta con políticas y medidas para la prevención de incendios forestales.
•    Deben existir políticas estatales para la incorporación de la educación ambiental en los diferentes niveles educativos, como una forma garantizar la concientización de niños, niñas y jóvenes sobre la importancia del medio ambiente y los recursos naturales.
•    Realizar campañas educativas a través de talleres con pequeños, medianos y grandes productores, en los que se les brinde técnicas y prácticas productivasalternativas a la utilización del fuego.


Nota : La Epoca