La Contraloría General del Estado (CGE) denunció, ante la Fiscalía de Distrito de Chuquisaca, a 17 ex Magistrados, entre ellos el ex Presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, por ocasionar un daño económico al Estado de 60 millones de bolivianos.
"La Contraloría ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General en contra de ex Magistrados del Consejo de la Judicatura por el traspaso ilegal de depósitos y pagos ilícitos de bonos. La tipificación de los delitos que hemos encontrado es por Resoluciones contrarias a las Leyes por el pago ilegal y conducta antieconómica por haber generado daño al Estado de 60 millones de bolivianos", dijo en conferencia de prensa el contralor Gabriel Herbas.
Los involucrados
El contralor remarcó que la acusación fue por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y de conducta antieconómica porque habrían consolidado depósitos judiciales de particulares a favor del Poder Judicial y pago de bonos Pantaleón Dalence Complementario I, Complementario II y bono de antigüedad (congelado), realizado en las gestiones 2007 y 2008.
Informó que entre los involucrados está el ex Presidente Eduardo Rodríguez Veltzé.
Además de los magistrados Héctor Sandóval Parada, María Teresa Rivero de Cusicanqui, Guido Chávez Méndez, Rodolfo Mérida Rendón, José Hurtado Poveda, Carlos Javier Garrón, José Luis Dabdoub López, Eddy Walter Fernández Gutiérrez, Julio Urquizo, Mario Castellanos, Adán Soria Diez Canseco, Hugo Salvatierra, Gualberto Dávalos, Edgar Rosales Lijerón, Hugo Dellien Barba, y Armando Villafuerte Claros.
Herbas reveló que las resoluciones para los traspasos y el pago de bonos fueron emitidos invocando una normativa, no solamente contraria a las Leyes vigentes, sino que exhortaron como fundamento normas fuera de vigencia y que, por tanto, no podían ser aplicadas.
"Cuando se dictó el Decreto 21060 absolutamente todos los bonos quedaron soldados, entonces se eliminaron todos los bonos, sin embargo en el Poder Judicial se siguieron pagando esos bonos adjunto al salario y otro bono extra", explicó.
El Contralor aseguró que el reglamento de depósitos judiciales, aprobado mediante acuerdo, es contrario a lo dispuesto en la ley, porque los depósitos judiciales que no se movilizaron por más de tres años, sólo pueden pasar a formar parte del Tesoro General de la Nación (TGN).
Los funcionarios que suscribieron los Acuerdos y Resoluciones actuaron en forma contraria a lo dispuesto en la Ley de Organización Judicial Nº 1455, la Ley del Consejo de la Judicatura Nº 1817 y Ley del 17 de noviembre de 1923, señal el memorial acusatorio.
Nota : Jornada
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