PROYECTO El bloque de diputados indígenas pide que se mantenga el espíritu de la norma planteada por las organizaciones sociales.
El bloque indígena en la Cámara de Diputados anunció una dura batalla en contra del proyecto de Ley de Deslinde Jurisdiccional porque limita las competencias de la justicia indígena originario campesina y la subordina a la justicia ordinaria. “Nuestros planteamientos no son caprichos, le daremos pelea; de no tomarse en cuenta las propuestas dejaremos un precedente”, declaró a Página Siete ayer el diputado Pedro Nuni en representación del bloque indígena. Asimismo, lamentó que el partido gobernante Movimiento Al Socialismo haya modificado el proyecto de ley original, sin tomar en cuenta los criterios de las organizaciones sociales. “Nos sentimos discriminados, hasta puede ser una forma de racismo”, sostuvo. Los cuestionamientos han sido planteados al ámbito territorial, personal y material, en los que se restringe la administración de justicia indígena originario campesina, limitándola en toda su esencia. En temas fundamentales, según explican, no se aplicará la justicia indígena; por ejemplo, los temas forestales, agrarios, laborales y familiares serán derivados a la justicia ordinaria, lo que según Nuni, demuestra que el Estado aún no reconoce la capacidad de las naciones indígena originario campesinas. La Constitución Política del Estado (CPE) reconoce que ambos sistemas de justicia tienen igualdad jerárquica y que ninguna se subordina al otro. El tema fue de amplio debate en la Asamblea Constituyente; sin embargo, las organizaciones creen que el planteamiento actual no refleja esas aspiraciones. Para la diputada indígena Blanca Cartagena, son “simbólicas” las leyes como la Madre Tierra y ahora el proyecto de Ley de Deslinde Jurisdiccional. Por su parte, el director regional del CEJIS en La Paz, Iván Bascopé, lamentó la poca voluntad del MAS de reconocer la institucionalidad como parte de un sistema de gobierno. “Es un reconocimiento nominal”, señaló. En su criterio, lo más importante es el desarrollo del pluralismo jurídico con el objetivo de lograr la convivencia de ambos sistemas de justicia. La norma, según explican, no establece con claridad la aplicación de la administración de justicia indígena que ya se planteó en las competencias dentro de la Ley Marco de Autonomías. Asimismo, la Ley de Deslinde Jurisdiccional sólo se aplica en territorios autónomos consolidados y no en todos los pueblos. La norma también indica que las personas que cometan faltas o delitos en territorio no podrán ser juzgadas bajo la justicia indígena como plantean las organizaciones originarias. Los temas en materia civil, laborales, forestales, agrarios y familiares no serán conocidos por la justicia indígena sino por la jurisdicción ordinaria.
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