El decreto aprobado por Evo Morales por el que se retiraba la subvención a los hidrocarburos provocó a finales de año una ola de manifestaciones en Bolivia. La derecha aprovechó esta medida para intentar desestabilizar al Gobierno. Morales pretendía evitar el contrabando de gasolina y dejar de beneficiar a los grandes capitales. Tras el rechazo, el 31 de diciembre el decreto fue derogado y las subvenciones se mantienen.
CRISTINA MARTÍN Y RICHARD CROWBAR / LA PAZ (BOLIVIA)
VIERNES 7 DE ENERO DE 2011. NÚMERO 141
El pasado domingo 26 de Diciembre, Evo Morales, presidente del Estado plurinacional de Bolivia, anunciaba por sorpresa la retirada de la subvención sobre los hidrocarburos, mediante el decreto 748, suponiendo un alza en el precio de la gasolina de entre el 70% y el 80%.
La medida provocaba a su vez la subida en los precios de los pasajes del transporte, así como repercutía sobre los precios de casi todos los productos, incluyendo los de primera necesidad, debido a un efecto en cadena.
Los argumentos del Gobierno eran básicamente tres, el principal, la lucha contra el contrabando de gasolina, el cual provoca que gran parte de esta ayuda se escape del país y que estas ayudas favorecen a los grandes capitales, en su mayoría de las regiones del Oriente, que según el Gobierno son quien mayor cantidad de gasolina consumen. Finalmente, el decreto era un intento por aumentar las arcas de un Estado pobre carente de recursos para implementar las políticas que plantea. El Gobierno prometía destinar el dinero de esta subvención a mejorar las condiciones de la población en general y en especial de las clases más desfavorecidas.
La drástica medida no fue entendida por la mayoría de la población, que iba a ver fuertemente afectada su economía familiar. Al día siguiente del anuncio de la medida, se convocó un paro en el transporte urbano e interurbano en todo el país. Ante esta situación, el Gobierno decidió utilizar camiones del ejército para transportar de forma gratuita a toda persona que quisiese desde la ciudad de La Paz hasta la ciudad de El Alto. Este intento por suavizar el enfado popular, demostraba que el Gobierno tenía un cierto temor ante la posible reacción de la ciudadanía.
- Manifestaciones contra ’el gasolinazo’. Foto: Cristina Martín y Richard Crowbar
El jueves 30 se convocó un nuevo paro de transportes, esta vez con movilizaciones y presencia de piquetes. Varias marchas recorrieron la ciudad de La Paz así como las principales ciudades del país. En la ciudad de El Alto se cortó mediante barricadas la autopista durante varias horas. En la capital las marchas comenzaban a las diez de la mañana y continuaron hasta la tarde, con una participación estimada de 20.000 personas que recorrieron las calles de la ciudad.
La composición social de las manifestaciones contra el ’gasolinazo’ fue de lo más diversa,cuando no contradictoria, podían encontrarse desdemujeres aymaras bajadas de El Alto, hasta familias de clase alta,pasando por jóvenes urbanos con ganas de bronca. La intensidad de la protesta fue subiendo y a última hora de la tarde, cuando se produjeron escaramuzas entre manifestantes y policías que realizaban un perímetro de seguridad sobre el Palacio Presidencial, si bien tuvieron lugar ataques a edificios públicos y lanzamiento de gases lacrimógenos, la protesta no alcanzó los niveles de conflicto de otras ocasiones, no obstante eran con diferencia las marchas de protesta de mayor envergadura a las que se había enfrentado el Gobierno de Evo Morales.
Es importante subrayar que el decreto ha supuesto la división y el enfrentamiento dentro de las organizaciones sociales que conforman las bases del Gobierno del MAS (Movimiento al Socialismo). Mientras algunas organizaciones llamaban a participar en las marchas, otras mantenían su apoyo al Gobierno, llegando a producirse un ataque contra las sedes de organizaciones como la COB (Central Obrera Boliviana) o la FEJUVE de El Alto (Federación de Juntas Vecinales)
La impopularidad de la medida apodada como “el gasolinazo”, ha sido aprovechada por la derecha y la oposición para desestabilizar y deslegitimar al Gobierno, sacando rédito político al caldo de cultivo de descontento popular. Parece que la promulgación del decreto ha servido para reactivar a los movimientos sociales, que en los últimos años de gobierno del MAS parecían estar en cierta medida adormecidos.
El Gobierno explicó que la partida presupuestaria destinada a la subvención de la gasolina, sería destinada a la implementación de una serie de medidas, entre las cuales estaba el aumento de los salarios en un 20% de fuerzas armadas, policía y trabajadores de la educación y sanidad. Este intento por aumentar la renta de la población era claramente insuficiente pues sólo un 20% de la población trabaja por cuenta ajena, la mayoría trabaja por cuenta propia en la economía informal o directamente carece de trabajo remunerado, siendo esta población urbana la que se vería más afectada por el decreto.
Sin duda la creación de empleo, junto con el modelo económico son uno de los retos más importantes del Gobierno de el MAS, ya que sino se consigue implementar con éxito políticas estructurales y trasformadoras, no se consigan los cambios previstos por Evo Morales.
De forma inesperada, el presidente Evo Morales se dirigió a la población el día 31 de diciembre sólo un par de horas antes del fin de año, para anunciar la decisión del Gobierno de derogar el polémico decreto. La justificación de esta contramedida se basaba en que se había escuchado al pueblo y no se podía faltar a su compromiso con el mismo. Durante el juramento como presidente de Bolivia en 2006, Evo Morales afirmo: “Cumpliré con mi compromiso, como dice el Subcomandante Marcos, mandaré Bolivia obedeciendo al pueblo boliviano”.
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