Un vídeo difundido por la televisión boliviana amenaza con hundir la versión oficial sobre un compló terrorista contra el presidente Evo Morales, que desembocó en la muerte, en 2009, de tres ciudadanos extranjeros y el procesamiento de 39 opositores.
La grabación muestra a un testigo clave de la fiscalía recibiendo un soborno de manos de un funcionario. Se trata de un eslabón más en la cadena de irregularidades que envuelven el caso, salpicado además por denuncias de anomalías procesales, fabricación de pruebas, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
La oposición y numerosos analistas sostienen que la trama ha sido montada (o por lo menos infiltrada) por la seguridad del Estado, con asesoría cubano-venezolana, para liquidar políticamente a los dirigentes autonomistas de la región de Santa Cruz, verdadera piedra en el zapato del Gobierno. Esa misma versión le fue confiada a la Embajada de EE UU por una fuente cercana al caso, que facilitó los nombres de dos militares presuntamente implicados, tal y como relatan los cables diplomáticos publicados por EL PAÍS el pasado 29 de diciembre.
El caso arranca el 16 de abril de 2009 en Santa Cruz, el más rico de los departamentos del país por sus yacimientos de hidrocarburos y su tejido industrial. Ese día la policía asaltó un hotel y mató al húngaro-boliviano Eduardo Rósza y a dos acompañantes, un irlandés y un húngaro. Otros dos extranjeros (un croata y otro húngaro) quedaron detenidos. Según la versión oficial, Rósza era el cabecilla de un grupo de mercenarios contratados por los líderes cruceños para impulsar la lucha separatista y asesinar a Evo Morales.
Entre los implicados estaba Ignacio Villa, chófer de Rósza, que en su declaración acusó a importantes políticos y empresarios de Santa Cruz. Pues bien, Ignacio Villa, alias El Viejo, un sujeto con antecedentes penales, aparece en un vídeo recibiendo 31.500 dólares de un funcionario. “Esta es tu última plata… Esta tarde te están poniendo medidas cautelares, quieren que te detengan, por eso tienes que cruzar la frontera ahora; si no, estás perdido”, dice esta persona, que le da recomendaciones sobre cómo actuar con los contactos en la vecina Argentina. El funcionario, cuya cara no llega a verse, ya ha sido identificado como Carlos Núñez del Prado, un tipo que trabajaba en la Defensoría del Pueblo y que antes había pasado por la dirección de seguridad. Núñez dimitió apresuradamente el viernes y, según algunos medios bolivianos, ha salido del país rumbo a Venezuela.
El vídeo ha desatado un escándalo. El presidente boliviano ha ordenado a la fiscalía que investigue el origen de la grabación. En cualquier caso, el ministro de Gobierno (Interior), Sacha Llorenti, ha dejado claro que no permitirá “que se intente dañar uno de los casos más importantes de la vida del país”. “Estamos hablando no solo de terrorismo, sino de un caso de separatismo”, dijo el ministro.
No es el primer vídeo que pone contra las cuerdas al Gobierno. Unas imágenes difundidas hace unas semanas mostraban a algunos agentes colocando armas junto a los cadáveres de los tres “mercenarios” abatidos en el hotel de Santa Cruz. Según la versión oficial, se habían resistido, pero todos los indicios periciales apuntan a una ejecución extrajudicial. Algunas fotografías de los otros dos extranjeros supervivientes, brutalmente torturados, también se han filtrado. Hungría, Irlanda y Croacia han exigido explicaciones que el presidente Evo Morales se niega a dar.
La publicación de los cables de Wikileaks provocó la reacción airada del Gobierno boliviano. Según el interlocutor de la Embajada de EEUU, Rózsa (un turbio personaje, veterano de las guerras de los Balcanes) no había sido contratado por los “grupos de autodefensa” cruceños, sino por el coronel Jorge Santiesteban, entonces jefe de Inteligencia de la policía, y su segundo, el capitán Walter Andrade, que encabezaron el asalto al hotel para desembarazarse de él. No se sabe si Rózsa estaba al corriente de la trampa o si cayó en ella, pensando que ayudaba a sus paisanos de su natal Santa Cruz.
Las presiones oficiales y las irregularidades procesales del caso han llevado a la renuncia de algunos abogados de la defensa y a la huida del primer juez, Luis Tapia, al que el Gobierno de Brasil acaba de dar asilo político.
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