A primeras horas de la madrugada de ayer jueves, el ex Prefecto de Pando, Leopoldo Fernández Ferrufino, fue sacado del penal de San Pedro en medio de estrictas medidas de seguridad y conducido en calidad de detenido a una celda de la cárcel de máxima seguridad en Chonchocoro, ubicado a unos treinta kilómetros de la ciudad de El Alto.
La esposa del detenido, señaló "que el Gobierno del MAS, el Ministro de Gobierno, actuaron de manera abusiva y sin apego a la Ley atropellando los derechos fundamentales de las personas".
Sus familiares se declararon en huelga de hambre en instalaciones de la Defensoria del Pueblo, ubicado en cercanías de la plaza de San Pedro, a tiempo que el Senador por Cochabamba, Bernard Gutiérrez, expresaba su protesta por esa clase de "maniobras políticas que se ensañan contra un preso político".
Anunció que interpondrá denuncias ante organismos internacionales.
Por orden de Jueces se habría cambiado de penal
Abogados del foro paceño presumen que estando en juicio oral puúblico y contradictorio ante Tribunal de Sentencia la acción que el Ministerio Público sigue al ex Prefecto, con el fin que no haya ninguna posibilidad de riesgo de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad histórica de los hechos ocurridos en El Porvenir, Pando, los Jueces hubieran emitido orden al respecto, porque de lo contrario el gobernador del Penal tendrá que explicar ante instancias del Poder Legislativo los motivos que lo indujeron a cumplir la determinación de traslado de penal del "detenido político y acusado por el Ministerio Público".
Manifestaron que no habiéndose señalado fecha de audiencia para considerar dicho "riesgo" ni haberse citado a los Jueces ciudadanos, los Jueces técnicos no debían asumir esa actitud, por lo que podrían ser sometidos a juicio penal.
Hija de Fernández presentará denuncia ante la OEA, ONU y Corte Interamericana de DD.HH.
La hija de Leopoldo Fernández, abogada, en declaraciones a nuestros redactores, manifestó: "es inconcebible que se atropelle las normas legales, el Código de Procedimiento Penal y los Derechos Fundamentales de las Personas que se encuentran protegidos por tratados internacionales de los que Bolivia es signataria.
No hubo ninguna fijación de audiencia pública en el juicio oral público y contradictorio donde el Ministerio Público o alguna de los coadyuvantes como víctima hubiera comprobado o planteado riesgo alguno menos pedido que sea trasladado mi padre a otra penitenciaria. Los jueces que componen el Tribunal de Sentencia tampoco convocaron a Jueces ciudadanos como señala el Código de Procedimiento Penal, no existe pronunciamiento de estos Jueces, por tanto en el hipotético caso que los dos Jueces técnicos hubieran asumido esa responsabilidad tendrán que atenerse a lo que dispone las normas vigentes, por cuanto si fuere así sus actos son nulos de pleno derecho y así sostendremos en todo organismo internacional, presentaremos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, copias de todo el proceso que se le sigue a mi padre, en el que hasta la fecha no se cumple con lo que señala el debido proceso y la presunción de inocencia a la que tiene derecho todo ciudadano sindicado de algún acto o delito, vamos a pedir que comisiones jurídicas de la OEA, de la ONU, se pronuncien al respecto, porque este es un claro ejemplo de discriminación jurídica y falta de garantías ciudadanas y jurídicas en Bolivia".
La hija del detenido concluyó: "Si el Ministro de Gobierno se atribuyó competencia del órgano jurisdiccional judicial para que se atente contra los Derechos Fundamentales de mi padre, interpondré las acciones legales pertinentes porque seria un claro acto de abuso de poder y tráfico de influencias".
Para distraer la aguda crisis económica y el pliego de la COB
Varios ciudadanos consultados respecto "al sorpresivo" traslado de Fernández, a Chonchocoro, señalaron que "resuelta sugestivo que ante las manifestaciones de los sectores sociales, los planteamientos de los chóferes que si o si aumentarán tarifas, las peticiones de la Central Obrera Boliviana que exige un incremento de salarios en un 70%, se haya ordenado dicho traslado para distraer el problema principal que preocupa a los bolivianos, como es la crisis económica, los sueldos bajos, la carestía de la vida y el almacenamiento de alimentos de primera necesidad, como es el azúcar, por parte de militantes del MAS como la ex Ministra Antonia Rodríguez, el Concejal Jorge Silva o de otros servidores públicos afectos al actual Gobierno.
En nuestro territorio si se vulnera normas legales, los acusados pueden ser considerados víctimas.
Mejor será cumplir con lo que señalan las Leyes y con las determinaciones de los Jueces, el pueblo ya no se deja distraer, afirmaron las personas consultadas.
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