Casi nada ha cambiado entre el antiguo “sistema” y el actual en el Control Operativo Aduanero (COA). En muchos casos, el paso de vehículos de contrabando por el control es discrecional, las autoridades no ponen las manos al fuego por los funcionarios y el jefe policial de interdicción al ilícito considera que el problema sólo se trata de un rumor.
Es vox populi entre los efectivos del COA el cobro irregular por el tránsito de mercadería ilícita en distintas trancas fronterizas y nacionales. En la jerga policial y de los comerciantes eso se llama “pin”. Es decir, cuando se denuncia que un determinado camión lleva contrabando, alguien permite su paso sin problemas con la frase “éste tiene su pin”, la autorización clave, sea previo un pago o, pocas veces, sin observaciones.
Normalmente, el pin tiene un costo, y por cada tipo de camión que también tiene su nombre. Por ejemplo, un camión Nissan Cóndor, de tamaño menor, se llama “niño”, por el que se paga entre 800 dólares y menos de 1.000. El “joven” es camión grande, uno Volvo F-12, cuyo pin cuesta 1.000 dólares. Y un tráiler, con acople, es un “adulto” y por su paso cobran 1.500 dólares o más.
En el “sistema” participan algunos jefes y clases de control aduanero, contrabandistas y hasta funcionarios de la entidad aduanera. Según fuentes de Erbol, siempre hubo esa cadena, que, a pesar de un proceso actual de selección más acucioso, está plenamente vigente.
El comandante del Control Operativo Aduanero (COA, Osvaldo Cabrera, no conoce ningún caso de aquéllos. Se sorprendió cuando Erbol le preguntó si sabe algo del “sistema”. “¿Qué es el sistema?”, preguntó, y cuando escuchó la explicación dijo: “eso es muy subjetivo”.
“Tendríamos que probar para hacer una aseveración; yo no conozco. Como usted, también recibo denuncias, (que) hay que probarlas”, le dijo al periodista.
Existe un caso de policías y contrabandistas en los mismos afanes. Una prueba es que en agosto de 2010 policías clases del COA de Oruro denunciaron que uno de sus jefes se farreaba con los comerciantes de ese ilícito. El lunes 9 de agosto, hubo una reunión en La Paz entre Cabrera y los oficiales implicados, primero, y en la tarde, con los clases que delataron el hecho.
Erbol escuchó parte de la grabación de esa cita en la que se pretendió esclarecer las denuncias. Consultado sobre esto, Cabrera admitió que hubo ese hecho, en el que estaba implicado el mayor Silvio Terrazas, entonces comandante del COA Oruro. “El mayor Terrazas ha sido replegado inmediatamente después de que hubo ese caso”, aseguró.
¿Sólo replegado? “Mientras no hay un delito (lo replegamos). Si hubiera un delito, tiene que ir al Ministerio Público”, respondió la autoridad.
¿No es delito farrearse con contrabandistas, entonces? “No, pues, eso debe ser una falta, ¿dónde dice en el Código Penal que eso es un delito?”, replicó Cabrera, aunque no especificó una norma en relación a esa actuación.
Otro caso. A finales de julio de 2010, tres camiones con acoples fueron interceptados en El Paraíso, cerca de Abapó, en Santa Cruz. Al enterarse del hecho, un jefe del COA de Santa Cruz organizó un operativo de emergencia, pero no para apoyar la acción, sino para evitar que policías ajenos a su unidad intervengan en el caso.
Una fuente de Erbol dijo que uno los dueños de los motorizados abordó a los policías para decirles que el paso de los camiones “ya está pagado”. Los agentes se comunicaron con el jefe del COA cruceño –“uno alto, canoso y con un reloj y un celular muy costoso”— para asegurarse sobre la versión del contrabandista.
“¿Por qué no me avisaron?”, respondió con nervios la autoridad policial, según el relato.
Un teniente se quejó de la actuación de aquél. “Él nos despertó, hasta me prestó su ropa, porque la mía estaba mojada, para ir al operativo”, dijo palabras menos o más.
El jefe del COA, como pasó con Terrazas en Oruro, fue replegado a una unidad policial, aunque no se supo si es ahora sujeto de investigaciones o sanciones. Al respecto, Cabrera comentó que constantemente escucha denuncias de ese tipo, referidas al paso de vehículos con contrabando previo pago de coimas o sobornos, de “pin”. Sin embargo, consideró que es difícil probarlas o “generar pruebas” respecto de ellas.
“Son rumores, nada más”, dijo.
Consultado sobre si en el COA el personal es idóneo y transparente, respondió: “Yo no puedo meter las manos al fuego por que todos cumplan (la ley). Ustedes (los periodistas) saben, con sus investigaciones se dan cuenta; hay policías que están en la cárcel, son personas humanas y tienen debilidades”.
“Yo confío en todos los COA, porque si su comandante no confiara en ellos estaría trabajando no sé con quiénes. (…) Son personas, somos humanos, podemos errar, (…) nos enfrentamos día a día a una organización criminal (contrabandistas)”, complementó.
Ni la presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, expresó su confianza plena sobre el trabajo del COA. El viernes 11 de febrero dijo que ellos “son personas”, aunque aseguró que “hasta donde pueda controlarla” no hay corrupción en la Aduana Nacional.
Desde abril de 2010, la entidad aduanera inició un proceso de transparencia que intenta mejorar los niveles de transparencia en el control aduanero. Según Cabrera, en 2010 hubo 23% de efectividad en las operaciones de control en relación a 2009 y una recaudación de 145,7 millones de bolivianos.
Anuncios de cambios sobre control
La Agencia para el Desarrollo de Macrorregiones y Zonas Fronteras (Ademaf), cuyo director es Juan Ramón Quintana (vinculado al polémico caso de los 33 camiones de contrabando), será el brazo coordinador de las acciones de lucha contra el contrabando y todo tipo de ilícitos, informó el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce.
Según el Ministro, Ademaf articulará las acciones en esas tareas de diversas instituciones estatales como son las Fuerzas Armadas, la Policía, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el Servicio de Impuestos Internos, el Ministerio Público y otros.
Arce dio a conocer el contenido del proyecto de ley que fue enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su debate y aprobación. La norma prevé además favorecer con el 20 por ciento del total de la mercadería de contrabando a la persona individual que denuncie, y con el 40 por ciento si la que colabora es una comunidad. El pago de la recompensa será reglamentado y dependerá de la veracidad de la denuncia que se haga. “Cuando una persona particular denuncie el contrabando podrá beneficiarse con el 20 por ciento del valor incautado, y si lo hace una comunidad accederá al 40 por ciento”, reiteró.
Explicó que ese proyecto tiene como objetivo sentar bases que fortalezcan el combate al contrabando. “Se trata de una medida que establecerá mecanismos de fiscalización que garanticen el desarrollo integral de Bolivia y la seguridad en fronteras”, dijo.
El programa será financiado con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) e incluye la participación de las comunidades aledañas a las fronteras para que puedan beneficiarse con incentivos cuando denuncien esas actividades ilícitas.
El Ministro puntualizó que la ejecución de esta ley permitirá “velar por la seguridad alimentaria y energética de Bolivia, toda vez que las organizaciones del contrabando sacan productos nacionales al exterior generando desabastecimiento”.
Anotó que una de las propuestas del proyecto de ley es la creación de nuevas figuras jurídicas como las sanciones al “delito de contrabando de exportación”.
Subrayó que actualmente el Código de Comercio solamente incluye el delito de importación de productos en forma ilegal, por la vía del contrabando. “El delito del contrabando se agrava cuando se incurre en la salida de alimentos e hidrocarburos”.
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