El transporte acata un paro por las tarifas

Tensión. Los micreros decidieron pasar de las marchas callejeras al paro del servicio hoy, con la posibilidad de alargarlo, ya que no pueden elevar el precio del pasaje de Bs 1,50 a Bs 1,80





El transporte urbano cumple hoy un paro de actividades por 24 horas y amenaza con prolongarlo de forma indefinida si es que se mantiene la presión de la Policía y el Gobierno Municipal insiste en el congelamiento de la tarifa del servicio público en Bs 1,50 para mayores.
La determinación fue tomada anoche después de conocer que el alcalde Percy Fernández firmó la ordenanza municipal 023/2011, que fue aprobada por el oficialismo del Concejo Municipal y que dispone la tarifa para mayores en Bs 1,50, para universitarios Bs 0,80 y estudiantes y menores Bs 0,50.

Por más de tres horas se prolongó la reunión de los dirigentes y jefes de las 122 líneas del transporte público, que, según Roger Gonzales, están dispuestos a continuar con la medida hasta que el Concejo y la Alcaldía reconozcan el acuerdo firmado con los sectores sociales que nivela la tarifa en Bs 1,80.

El reclamo de los transportistas comenzó hace 15 días con una serie de movilizaciones por el centro de la ciudad, pero se agravó esta semana luego de que los efectivos de Tránsito entregaran boletas con multas de Bs 50 a los choferes y la Gendarmería amenazara con hacer cumplir la ordenanza 023/2011 a partir de hoy.

Encima, reapareció el asambleísta del MAS Lucio Vedia y amenazó con movilizar a sus bases para salir a quemar micros, y el líder de los ‘poncho rojo’ en Santa Cruz, Osvaldo Ramos, advirtió que mañana saldrá a chicotear a los choferes que cobren más de Bs 1,50.
Ayer, antes del mediodía, los dirigentes del transporte visitaron al director de Tránsito, coronel Ramiro Álvarez, al que entregaron una copia de la ordenanza 020/2005 y el veredicto del Tribunal Constitucional que anuló dicha norma. Sin embargo, no consiguieron que el jefe policial les garantice que dejaría de lado los operativos.

Además, en medio de las gestiones que los llevó hasta la Fiscalía de Distrito para presentar las copias de lo que llevaron a Tránsito, la dirigencia del transporte soportó un duro ataque político de parte del asambleísta Lucio Vedia, que desprestigió a su colega Roger Gonzales y exigió la renuncia junto a la del concejal José Quiroz.

Fiel a su estilo ‘explosivo’, Vedia dijo que Gonzales y Quiroz ‘se vendieron’ porque actúan en contra de lo que pregona el presidente del Estado, Evo Morales, que fijó su posición señalando que no había motivos para subir el precio del pasaje.
En su defensa, Gonzales invitó a Vedia a que se sienten para debatir la problemática del transporte y aseguró qu
e los únicos que pueden pedir su renuncia son los transportistas que lo eligieron como secretario ejecutivo de la Federación 16 de Noviembre y lo ayudaron a ganar una suplencia en la Asamblea Legislativa Departamental.
En caliente, el concejal masista José Quiroz descalificó a Vedia y lo apuntó como uno de los masistas más irresponsables del proceso de cambio porque sobre él pesan varios procesos judiciales.
Entre tanto, en el Ministerio Público dieron parte de que hasta el martes no llegó ningún pedido de la Alcaldía para realizar operativos contra los choferes, pero el fiscal Alejandro Ortega, adscrito al Gobierno Municipal, comentó que si hoy la titular de la Fiscalía Arminda Méndez ordena los operativos, él se hará cargo de coordinar con la Policía.  
  Ordenamiento jurídico    
- Base. El artículo 20 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios públicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias.

- Autonomía. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) en su artículo 96 otorga a los municipios la competencia exclusiva de regular las tarifas de transporte en su área de jurisdicción, en el marco de las normas, políticas y parámetros fijados por el nivel central del Estado.

- Plazo. La quinta disposición adicional de la LMAD establece que, a efectos de la aplicación del artículo 96, en el plazo máximo de un año (corre desde el 19 de julio de 2010) deberá aprobarse la Ley General de Transporte, que normará los elementos técnicos para el ejercicio de las competencias estipuladas en la CPE.

- Norma. El 17 de agosto de 2007, la ex Superintendencia de Telecomunicaciones y Transporte estableció y ratificó las tarifas que hoy se encuentran vigentes: Bs 1,50  para mayores; Bs 0,80 para universitarios; y Bs 0,50 para menores y escolares.

- Coyuntura. Al artículo cuarto de la ordenanza municipal 023/2011, aprobada el pasado viernes dice que, en tanto se apruebe la Ley General de Transporte y el nivel central fije las políticas y parámetros, las tarifas se encuentran vigentes.

- Ilegalidad. Transportistas, vecinos y la COD paralela acordaron nivelar el pasaje del servicio público en Bs 1,80 para mayores. Sin embargo, el acuerdo carece de legalidad. 
Corren los procesos judicialesParalelo a las medidas de presión por parte de los micreros y el cruce verbal de dirigentes regionales del MAS, a nivel del Concejo Municipal y de los transportistas se ha desatado una serie de denuncias por supuestos delitos y los procesos ingresaron en su primera fase, tanto en la Fiscalía como en la Corte Superior de Distrito.
Los transportistas denunciaron a la presidenta del Concejo Municipal, Desirée Bravo, por el supuesto delito de incumplimiento de deberes. La dama fue notificada y hoy, a las 10:30, deberá acudir a la Sala Civil Segunda de la Corte de Justicia para prestar su declaración.
Sin embargo, de acuerdo a lo que se conoció ayer, los que se presentarán hoy a declarar ante el juez serán los asesores de la institución y no la titular del Concejo, que junto a otros legisladores oficiará de jurado en el Corso de Carnaval.  
Dentro del proceso que sigue el Concejo Municipal en contra de los dirigentes del  transporte Mario Guerrero y Roger Gonzales, además del líder de la Fejuve, Pedro Zabala y el de la COD paralela, Andrés Peñafiel, que firmaron el acuerdo por la nivelación del pasaje en Bs 1,80 arrogándose atribuciones que no les compete, el fiscal Alejandro Ortega indicó ayer que los citará a declarar, pero después de que pase la fiesta de Carnaval.



Nota : El Deber

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