Bolivia: caso separatismo afectado por campaña de desinformación

La Paz, 26 abr (PL) El fiscal Marcelo Soza se apartó de la investigación del caso de la célula terrorista neutralizada en abril de 2009, que pretendía dividir Bolivia, debido a las constantes campañas de desprestigio en su contra.

  Según señalaron medios nacionales de prensa, Soza argumentó su decisión en una carta a la Fiscalía General del Estado, a causa de las acciones mediáticas de desinformación.

Explicó que a una semana de iniciada la fase conclusiva de la investigación estatal, comenzaron a tergiversarla mediante la presentación de imágenes, entrevistas, vídeos y grabaciones de dudosa procedencia, lo cual evidenció un marcado trasfondo político.

El magistrado añadió que las amenazas anónimas hacia su persona y su familia, recibidas durante dos años, se agudizaron con la presentación de la acusación y con la audiencia conclusiva.

Lamentó que diversos medios privados de comunicación se prestaran a montar una campaña tendente a desnaturalizar una investigación que calificó de imparcial e independiente.

También confirmó la existencia de un grupo armado con conexiones internacionales contratado por operadores locales para atentar contra la integridad territorial de Bolivia y promover un quiebre institucional.

Soza asumió la investigación del caso separatismo en abril de 2009, luego de desbaratar la Policía al grupo liderado por el croata-boliviano Eduardo Rozsa Flores, abatido el 16 de en una acción que significó el desmoronamiento de la oposición boliviana.

El pasado 11 de abril comenzó la vista pública en la Corte de Justicia de Cochabamba.

Desde la primera jornada de la audiencia, la Policía veló por la seguridad de los detenidos que llegaron de La Paz, Santa Cruz y Beni para evitar situaciones incómodas, al tratase de un proceso de seguridad nacional.

A partir de la apertura del proceso, las investigaciones dirigidas por el fiscal Marcelo Roza se encaminaron a agrupar la información encontrada en la computadora y en los papeles de Roza.

La célula terrorista pretendía invertir 20 millones de dólares en comprar armas altamente destructivas, como misiles, para encender una guerra civil en Bolivia, según explicó el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti.

Los mercenarios perseguían además tomar la Octava División de Ejército, en el departamento de Santa Cruz, y desencadenar una revuelta con el magnicidio del presidente Evo Morales.

En el grupo irregular había personas con ciertas especialidades como el combate cuerpo a cuerpo, manejo de armas e inteligencia.

Como si fuera poco, hallaron evidencia de que Rozsa mantenía contacto con la Agencia Centra de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.

Meses después, a fines de 2009, el gobierno boliviano expulsó a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), tras acusarla de financiar actividades contra la integridad de las autoridades, lo cual demostró la injerencia de la nación norteña en los asuntos internos de Bolivia.

Asimismo, declaró persona no grata al embajador norteamericano, Philip Goldberg, y lo culpó de incitar conflictos separatistas.

Nota : Prensa Latina