La Paz.- Los sectores de extrema derecha quieren retornar y sembrar violencia y enfrentamientos en el departamento de Santa Cruz", advirtió el viernes el ministro de Comunicación, Iván Canelas.
El Ministro lamentó lo sucedido el jueves en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde reaparecieron los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista UJC) para protagonizar acciones de violencia e inclusive quemar un ejemplar de la Constitución Política del Estado (CPE), dice una nota de la agencia ABI.
"Es una violación a las Leyes que rigen a Bolivia, por lo que las autoridades asumirán las medidas jurídicas que correspondan para sancionar esos hechos con el fin de que no se repitan", afirmó.
Agregó que igualmente el Ministerio Público puede actuar de oficio en estos casos, en resguardo del respeto al ordenamiento jurídico del país.
VINCULAN A LA UJC EN EL CASO ROZSA
La nota de la ABI dice que la Unión Juvenil Cruceñista ha sido en el pasado reciente un grupo que ha protagonizado una serie de actos de discriminación de raza y de color con agresiones a las personas y migrantes de otros departamentos, quienes, por razones de trabajo, se trasladaron para residir en Santa Cruz.
Añade que esta agrupación también actuó durante jornadas para desestabilizar al Gobierno y al proceso de cambio, ya sea durante la realización de un referéndum revocatorio, como en la puesta en marcha de un golpe de Estado cívico-Prefectural en el año 2008, que finalmente fracasó.
El Ministerio Público también ha imputado a algunos de sus miembros por haber formado parte o tener relación con un movimiento secesionista entre fines de 2008 y abril de 2009. Ese movimiento tenía proyectado desarrollar actividades terroristas en el país, informa la ABI.
Añade que esos intentos conspirativos estuvieron encabezados por el mercenario boliviano-húngaro Eduardo Rózsa Flores, quien conformó una agrupación de extranjeros y nacionales que estaban listos para desencadenar acciones de violencia en el país que lleven hasta a una guerra civil.
Las jueza Valeria Salas decidió el jueves pasar a la cárcel de Palmasola al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Alcides Villagómez, debido a que no acató un dictamen emergente de un Amparo Constitucional del 17 de febrero pasado que le ordenaba posesionar como asambleísta a la representante indígena Rossmeri Gutiérrez.
La decisión judicial obliga a Villagómez y a la Asamblea Legislativa Departamental a incorporar a la representante del pueblo Yuracaré-Moxeño, una vez que fue elegida en los comicios departamentales.
Villagómez y la mayoría de la Asamblea se oponen a tomarle juramento y cederle un curul porque, en su criterio, "El pueblo yucararé-moxeño no existe".
CONCENTRACIÓN A LAS 17:00
El gobierno hizo estas declaraciones luego de conocer el llamado del Comité pro Santa Cruz a una concentración este viernes a las 17 horas en la plaza principal para defender la democracia, la libertad y la autonomía.
El presidente de la entidad cívica, Herland Vaca Díez, advirtió esta mañana que Santa Cruz está en peligro y llamó a toda la ciudadanía a salir en defensa del departamento.
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