Proceso. Ernesto Suárez solo puede salir de su casa a trabajar y está imposibilitado de viajar fuera del país. Una jueza dispuso ayer para él arresto domiciliario, arraigo y el pago de una fianza de Bs 50.000
La tensión política se avivó ayer en Beni luego de que en el juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal decidiera el arresto en su domicilio, con derecho al trabajo, del gobernador Ernesto Suárez Sattori, además de aplicarle el arraigo y el pago de una fianza de Bs 50.000.
La decisión judicial no fue del agrado de un gran número de personas que se apostó en la esquina de la plaza principal de Trinidad, entre el edificio de la Gobernación y de la Corte Superior de Distrito.
Precisamente, a la salida de la audiencia cautelar se armó un mitin político. Suárez Sattori fue recibido por la gente con vítores y lo animó a seguir adelante. Incluso apareció una persona disfrazada de el ‘Zorro’, que emulando al héroe de las historietas expuso su sable al aire en señal de que se luchará contra la injusticia.
La audiencia cautelar se inició pasadas las 15:30 y finalizó a las 18:00. El fiscal de Recursos del Ministerio Público, Edwin Rivero Baptista, que llegó de Sucre, defendió su pedido de la detención domiciliaria, el arraigo y la fianza tanto para Suárez Sattori como para el exprefecto Carlos Navia Rivero (actual asambleísta departamental del MAS); el tercer acusado, el exalcalde de San Borja Édgar Ronald Tobías, no se presentó a la audiencia.
Los tres son acusados por la presunta comisión de cuatro delitos: malversación de fondos, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.
El hecho tiene como origen el convenio que se suscribió tanto en la gestión de Navia, a fines de 2005, como en la de Suárez, en 2006, con el municipio de San Borja para la reparación del motor de luz de la cooperativa, en la que también se alquiló un motor mientras se arreglaba el otro.
El abogado de la Gobernación, Luis Fernando Galindo, alegó que el gobernador tiene domicilio, familia y trabajo conocidos, por lo que no se le podía dictar una sentencia contraria a sus derechos. El propio Suárez, de igual forma, hizo uso del derecho a su defensa, pero tampoco valió de nada.
“No es una sola autoridad que está siendo procesada, todos estamos procesados y esa es la muestra más clara de que hay una persecución política en este país, de que hay un Gobierno dictador que no permite la discrepancia”, dijo Suárez a la multitud en la calle, para luego rematar: “Todas las acusaciones y denuncias que vienen del Ministerio Público, se cumplen”.
La autoridad dio a conocer su desconfianza en los órganos judiciales: “Todo esto tiene tinte político. Hoy me preguntaron si creía en la justicia, dije que no, solamente creo en Dios. Aquí en nuestro país no hay justicia, aquí hay una persecución implacable a quienes todavía estamos en función y somos opositores al Gobierno”.
Suárez Sattori, que considera que la medida es parte del amedrentamiento gubernamental contra su persona para hacerlo fugar de Bolivia expresó: “No voy a huir, que se llenen las cárceles de autoridades elegidas presas, que se sepa a escala mundial qué tipo de país, qué tipo de Gobierno tenemos, que no respeta la democracia”.
A su vez, Navia, el segundo afectado por la decisión judicial, expresó su disconformidad por el fallo. El ahora político masista dijo estar sorprendido por la resolución de la jueza Narda Vega y que va a apelar. De la misma forma, el abogado de la Gobernación señaló que se va a estudiar el fallo.
Por su parte la jueza negó que su fallo fuese sesgado. “La suscrita en ningún momento ha tomado una decisión en base a un partido político, yo no tengo trascendencia política, no pertenezco a ningún partido ni mi familia”, dijo, al asegurar que su decisión fue basada en lo que establece la ley.
Asimismo, durante la mañana, a las 11:20, el gobernador estuvo en la Fiscalía por más de una hora, donde declaró como testigo en el caso del asesinato de su hermano Ronny Armando Suárez.
Alcalde Shriqui dice que es el próximo
El alcalde de Trinidad, Moisés Shriqui, dijo que después del procesamiento y posible destitución del gobernador Ernesto Suárez, la próxima víctima del Gobierno será su persona y las demás autoridades provinciales. “Con seguridad que voy a ser yo, los subgobernadores y los corregidores”, afirmó el burgomaestre de la capital beniana, que es la segunda autoridad de jerarquía en la agrupación autonomista Primero el Beni.
Shriqui afirmó que tiene cuatro procesos judiciales, uno iniciado por la Contraloría y los otros por militantes del MAS que, según su criterio, buscan suspenderlo del cargo.
La autoridad sostuvo que no tiene miedo de ir a la cárcel, sino que se involucre y se encarcele a gente inocente, como sucede con el supuesto soborno en la Asamblea Departamental.
Como una esperanza citó el caso de un juez y un fiscal de la justicia beniana que en los últimos meses decidieron renunciar antes de ser obligados a dictar sentencias torciendo la ley.
De todos modos, alertó que el Gobierno usa las leyes y los operadores de justicia para legalizar sus acciones contra autoridades que fueron elegidas con el voto de la gente. Refirió que la misma estrategia que se usó en Beni, al encarcelar a la vicepresidenta de la Asamblea Departamental, Sonia Suárez, el MAS obtuvo mayoría, se está aplicando ahora en santa Cruz con la detención del presidente Alcides Villagómez.
La decisión judicial no fue del agrado de un gran número de personas que se apostó en la esquina de la plaza principal de Trinidad, entre el edificio de la Gobernación y de la Corte Superior de Distrito.
Precisamente, a la salida de la audiencia cautelar se armó un mitin político. Suárez Sattori fue recibido por la gente con vítores y lo animó a seguir adelante. Incluso apareció una persona disfrazada de el ‘Zorro’, que emulando al héroe de las historietas expuso su sable al aire en señal de que se luchará contra la injusticia.
La audiencia cautelar se inició pasadas las 15:30 y finalizó a las 18:00. El fiscal de Recursos del Ministerio Público, Edwin Rivero Baptista, que llegó de Sucre, defendió su pedido de la detención domiciliaria, el arraigo y la fianza tanto para Suárez Sattori como para el exprefecto Carlos Navia Rivero (actual asambleísta departamental del MAS); el tercer acusado, el exalcalde de San Borja Édgar Ronald Tobías, no se presentó a la audiencia.
Los tres son acusados por la presunta comisión de cuatro delitos: malversación de fondos, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.
El hecho tiene como origen el convenio que se suscribió tanto en la gestión de Navia, a fines de 2005, como en la de Suárez, en 2006, con el municipio de San Borja para la reparación del motor de luz de la cooperativa, en la que también se alquiló un motor mientras se arreglaba el otro.
El abogado de la Gobernación, Luis Fernando Galindo, alegó que el gobernador tiene domicilio, familia y trabajo conocidos, por lo que no se le podía dictar una sentencia contraria a sus derechos. El propio Suárez, de igual forma, hizo uso del derecho a su defensa, pero tampoco valió de nada.
“No es una sola autoridad que está siendo procesada, todos estamos procesados y esa es la muestra más clara de que hay una persecución política en este país, de que hay un Gobierno dictador que no permite la discrepancia”, dijo Suárez a la multitud en la calle, para luego rematar: “Todas las acusaciones y denuncias que vienen del Ministerio Público, se cumplen”.
La autoridad dio a conocer su desconfianza en los órganos judiciales: “Todo esto tiene tinte político. Hoy me preguntaron si creía en la justicia, dije que no, solamente creo en Dios. Aquí en nuestro país no hay justicia, aquí hay una persecución implacable a quienes todavía estamos en función y somos opositores al Gobierno”.
Suárez Sattori, que considera que la medida es parte del amedrentamiento gubernamental contra su persona para hacerlo fugar de Bolivia expresó: “No voy a huir, que se llenen las cárceles de autoridades elegidas presas, que se sepa a escala mundial qué tipo de país, qué tipo de Gobierno tenemos, que no respeta la democracia”.
A su vez, Navia, el segundo afectado por la decisión judicial, expresó su disconformidad por el fallo. El ahora político masista dijo estar sorprendido por la resolución de la jueza Narda Vega y que va a apelar. De la misma forma, el abogado de la Gobernación señaló que se va a estudiar el fallo.
Por su parte la jueza negó que su fallo fuese sesgado. “La suscrita en ningún momento ha tomado una decisión en base a un partido político, yo no tengo trascendencia política, no pertenezco a ningún partido ni mi familia”, dijo, al asegurar que su decisión fue basada en lo que establece la ley.
Asimismo, durante la mañana, a las 11:20, el gobernador estuvo en la Fiscalía por más de una hora, donde declaró como testigo en el caso del asesinato de su hermano Ronny Armando Suárez.
Alcalde Shriqui dice que es el próximo
El alcalde de Trinidad, Moisés Shriqui, dijo que después del procesamiento y posible destitución del gobernador Ernesto Suárez, la próxima víctima del Gobierno será su persona y las demás autoridades provinciales. “Con seguridad que voy a ser yo, los subgobernadores y los corregidores”, afirmó el burgomaestre de la capital beniana, que es la segunda autoridad de jerarquía en la agrupación autonomista Primero el Beni.
Shriqui afirmó que tiene cuatro procesos judiciales, uno iniciado por la Contraloría y los otros por militantes del MAS que, según su criterio, buscan suspenderlo del cargo.
La autoridad sostuvo que no tiene miedo de ir a la cárcel, sino que se involucre y se encarcele a gente inocente, como sucede con el supuesto soborno en la Asamblea Departamental.
Como una esperanza citó el caso de un juez y un fiscal de la justicia beniana que en los últimos meses decidieron renunciar antes de ser obligados a dictar sentencias torciendo la ley.
De todos modos, alertó que el Gobierno usa las leyes y los operadores de justicia para legalizar sus acciones contra autoridades que fueron elegidas con el voto de la gente. Refirió que la misma estrategia que se usó en Beni, al encarcelar a la vicepresidenta de la Asamblea Departamental, Sonia Suárez, el MAS obtuvo mayoría, se está aplicando ahora en santa Cruz con la detención del presidente Alcides Villagómez.
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