La Paz.- El representante del Alto Comisionado Para Los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, dijo que el pueblo Yuracaré-Moxeño existe antropológicamente desde hace décadas atrás y que se debe respetar sus derechos colectivos.
"Hay una realidad sociológica, hay una realidad antropológica, recién el mismo padre jesuita Xavier Albó, antropólogo, señaló la existencia de un pueblo Yuracaré-Moxeño, entonces de algún modo es importante (...) de que esa situación, esa realidad sea bien entendida, bien comprendida por las autoridades de Santa Cruz, existe también un pueblo moxeño, de por sí, pero es una realidad ahora en día, sociológica, antropológica, eso tiene décadas de existir", señaló Racicot en declaraciones a la ABI.
Sugirió que se debe buscar una solución definitiva al problema de la representación legislativa departamental.
Asimismo, dijo que en la 169 convención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como también en la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, se establece que los pueblos originarios tienen derecho a una representación en el órgano legislativo.
"Aseguran a los miembros de dichos pueblos a gozar, en pie de igualdad, los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población", destaca el convenio 169 de la OIT.
En esa línea, Racicot remarcó que para el derecho internacional y para la onU, la existencia de los pueblos indígenas no la determina el marco normativo de un determinado territorio, sino el principio de autoidentificación de los pueblos.
"Es una realidad que hay que tomar en cuenta en forma adecuada, entonces tenemos todavía un conflicto entre un marco normativo y una realidad, y la realidad es muy importante en el ahora actual del derecho internacional en cuanto al reconocimiento de un pueblo indígena", subrayó.
Alcides Villagómez, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, se negó a juramentar a la representante del pueblo Yuracaré Moxeño, Rossmeri Gutiérrez como integrante del Legislativo local.
Al mismo tiempo desconoció un Amparo Constitucional emitido el pasado 17 de febrero y una indicación específica del Tribunal Electoral Departamental.
La decisión de encarcelar a Villagómez deriva de un proceso que Gutiérrez le instauró en noviembre de 2010, cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) expidió una resolución otorgándole a la representante del pueblo Yuracaré-Moxeño credenciales de asambleísta departamental de Santa Cruz.
Tras la decisión de Villagómez de contravenir la orden del TSE, Gutiérrez apeló a la justicia y tres meses después, el jueves 17 de febrero último, la Sala Civil Segunda del máximo estrado judicial del país expidió una resolución para que la Asamblea Departamental de Santa Cruz habilite y posesione a la representante indígena y a su suplente Roberto Carlos Cortez Soria.
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