Más de 200 comunarios dirigidos por los hermanos Pánfilo y Agustín Ramos invadieron de manera violenta la mina de estaño Sayaquira, ubicada en la provincia Inquisivi de La Paz, provocando decenas de heridos, dos de los cuales se encuentran en estado de gravedad, además se reportaron que trabajadores mineros y sus familiares están perdidos en la región. Mientras un contingente policial no pudo controlar la situación y el Viceministro de Gobierno, Marcos Farfán, denunció el extravío de 12 efectivos policiales.
Según algunos relatos, durante la violenta toma, los campesinos usaron armas de fuego, armas blancas, palos, piedras y cuchillos para desalojar a los trabajadores. Además denunciaron que se contrató a delincuentes que llegaron desde otras ciudades como La Paz y Oruro, para ejecutar la acción.
El trabajador de la empresa Sayaquira, Toribio Gutiérrez, quien junto a sus compañeros trató de impedir el avasallamiento, recibió golpes en la cabeza y se encuentra con diagnóstico reservado.
El Gerente de la mina de propiedad de la empresa minera Barrosquira (Embas), ubicada en la Provincia Inquisivi del Departamento de La Paz, Andrés Molina, informó que sus operadores reportaron la existencia de varios heridos.
Los avasalladores –entre ellos algunos vándalos- desalojaron a la fuerza a los 93 mineros de Sayaquira y a los 30 policías que se encontraban resguardando el lugar. Para Molina, uno de los responsables de esta tragedia es el Superintendente de Minas, quien ha insistido en un proceso conciliatorio cuando debería haber emitido su fallo para dar una solución administrativa y legal al problema.
Por otro lado, lamentó que hasta la fecha los dirigentes campesinos que han dirigido tomas ilegales y violentas de centros mineros como Caracoles, Himalaya y Laramcota no han sido procesados ni detenidos por las autoridades. "Este nivel de impunidad de los autores materiales de estos hechos delictivos y la falta de seguridad jurídica ocasiona actos violentos que ponen en riesgo la vida de la gente y la producción legal de minerales", afirmó Molina.
La mina Sayaquira opera legalmente desde hace casi 100 años y con la nueva administración 34 años; cuenta con 93 trabajadores, produce 9,92 toneladas métricas de estaño por mes y aporta al Estado -por concepto de regalías e impuestos - cerca de 4,4 millones de bolivianos anuales.
El ejecutivo de Barrosquira indicó que ante la pretensión -de algunos grupos de comunarios- de apoderarse de la mina, la tarde del lunes se reunieron con los dirigentes de las comunidades y con autoridades de la quinta sección de la Provincia Inquisivi, en la Alcaldía de Ichoca, donde la empresa recibió el apoyo del ejecutivo de la Provincia Inquisivi, el Alcalde de Ichoca, autoridades y dirigentes de la quinta sección y se estableció realizar un ampliado de la 5ta. Sección este miércoles, en la población de Sayaquira aledaña a Mina del mismo nombre.
El conflicto se inició el 11 de abril de 2011, cuando los comunarios de Sayaquira bloquearon la tranca, impidiendo el ingreso al distrito minero y posteriormente tomaron los niveles 280, 240 y 200 de la mina. Los pobladores presentaron tres peticiones a la empresa: riego para las tierras comunitarias, administrar "budles" (colas o residuos) de la mina y tres niveles de la mina.
Tras el avasallamiento, la empresa intentó solucionar el problema y aceptó dos de las peticiones, pero no admitieron ceder los niveles solicitados, debido a que "legal y técnicamente no era posible", explicó el Gerente de la empresa minera.
En ese contexto, parte de los comunarios de Sayaquira, dirigidos por los hermanos Pánfilo y Agustín Ramos Choquevillca, respaldándose en una cooperativa en trámite, denominada "Progreso Sayaquira" tomaron los mencionados niveles; extrajeron mineral de manera ilegal y lo vendieron clandestinamente por Bs. 94.576; recursos destinados a organizar la toma total de la mina Sayaquira, denunció Molina.
El miércoles de la semana pasada Embas recibió una carta en la que dirigentes de los comunarios, sin el consenso de la población, otorgaron un plazo de 24 horas para que el personal de la compañía desalojara la mina. "Si no abandonan, no seremos responsables de cualquier tipo de hecho", advertía la misiva. En esa oportunidad el problema no pasó a mayores por la intervención de las fuerzas del orden.
Barrosquira ya sufrió la toma de Himalaya, mina de wólfram en La Paz, hace más de tres años, problema al que aún no se le dio una solución. También perdió la concesión en la mina de estaño Caracoles en la provincia Inquisivi en el mismo departamento en mayo de 2004, tras la nacionalización determinada por el gobierno, por presión de los cooperativistas mineros el año 2004. El 4 de enero de este año, campesinos y cooperativistas, les arrebataron la mina Laramcota -en la provincia Loayza- donde realizaban trabajos de exploración.
12 policías desaparecidos
Mientras, el Viceministro de Régimen Interior y Policía, Marcos Farfán, denunció que la toma violenta dejó 12 policías desaparecidos y uno de los atacantes desmembrado por la explosión de una dinamita, al tiempo de garantizar la propiedad privada en Bolivia.
"Hay 12 policías desaparecidos de 35 que resguardaban la mina", afirmó el Viceministro al tiempo de referir que el ataque, que tenía por objetivo apoderarse de estaño ya explotado, obligó a la evacuación de trabajadores, sus esposas e hijos del yacimiento a la localidad de Villa Campero.
Ante la fiereza del asalto, los uniformados, en inferioridad de condiciones, huyeron por donde pudieron, por lo que se presume que varios de ellos, sino todos, caminan con rumbo a centros poblados.
Los avasalladores emplearon dinamita, palos y otros objetos contundentes "por lo que trabajadores y policías que protegían la propiedad privada se vieron obligados a desalojar y huir del lugar", explicó Farfán.
Uno de los avasalladores, identificado como Sergio Ramos, perdió el brazo derecho en el asalto que dejó, además, 2 mineros con heridas de levedad.
El Gobierno envió un refuerzo policial de 100 efectivos y una comisión integrada por destacados de los Ministerios de Minería, Trabajo, Gobierno, además de dirigentes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia para acometer un diálogo con los campesinos avasalladores con el objetivo de recuperar esa propiedad privada.
Nota : Jornada
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