Bolivia vive una nueva confrontación del Presidente Evo Morales con la oposición, que le acusa de querer copar el Poder Judicial en la elección de los máximos magistrados del país en octubre próximo, para asegurarse desde 2015 un tercer mandato de forma inconstitucional.
El pulso arrecia mientras se realiza en estos días la selección de los precandidatos a magistrados de los cuatro máximos órganos de la Justicia: Tribunal Supremo, Constitucional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.
La inédita elección en las urnas de 56 magistrados será el 16 de octubre, entre una lista de 125 candidatos que elaborará hasta mediados de julio el Congreso, dominado por el oficialismo.
Para la oposición y algunos analistas, la mayoría de esos candidatos serán con seguridad oficialistas, para asegurar a Morales el control del Constitucional y que ese órgano no pondrá trabas a una tercera postulación de Morales a la Presidencia e impedirá las demandas contra sus reformas.
"La estrategia es tener un Tribunal Constitucional legitimizado por el voto para autorizar la segunda reelección de Evo Morales. Ese es el objetivo de todo esto", declaró ayer el Diputado opositor Jaime Navarro, de la centrista Unidad Nacional.
En tanto, para el analista político Carlos Cordero hay muchas señales que "confirman los temores, no solo de la oposición, sino de la ciudadanía", de que el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales trata de tener presencia dominante en los altos cargos judiciales.
"Yo diría que el interés final de tener tribunales electos está en el hecho de poder consultar la viabilidad de una tercera elección para tener magistrados que sean afines, simpatizantes con el partido de Gobierno, y le allanaría el camino y le daría aval ante la comunidad internacional", apuntó Cordero.
Morales ha expresado desde 2010 que piensa en un tercer mandato para el período 2015-2020, pese a que la Constitución vigente desde 2009 permite dos solo mandatos consecutivos.
El mandatario nacionalista e indigenista ganó sus primeros comicios presidenciales en 2005 y fue reelegido en 2009.
Morales y sus partidarios argumentan que la primera elección no cuenta, porque no estaba vigente la nueva Constitución, interpretación que rechazan sus detractores, ya que inició su primer mandato el 22 de enero de 2006 y el segundo el mismo día de 2010.
La Diputada oficialista Betty Tejada declaró que si Morales se presenta a una nueva reelección y la gana será "por voluntad del pueblo y por una sistemática ineficiencia política de la oposición".
Agregó que las críticas al proceso de selección de candidatos a magistrados carecen de sentido, porque la Comisión parlamentaria de calificación también eliminó a algunos que podían ser respaldados por el MAS, pero la oposición cree que aún hay mayoría oficialista entre los más de 300 que siguen en carrera.
El Senador oficialista Adolfo Mendoza dijo que la oposición está "sistemáticamente generando un boicot" para que no haya autoridades judiciales legitimas desde octubre, como antes también se opuso a la Constituyente.
"Van a hacer absolutamente todos los intentos y van a generar a partir de ahora una guerra sucia", apuntó Mendoza al asegurar que la "transparencia" en la selección está garantizado.
Las primeras fases de selección e impugnaciones concluyeron con la eliminación de unos 200 abogados, entre ellos Eusebio Gironda, exasesor de Morales y autor de un libro en el que llama al mandatario "Jiliri Irpiri" (Gran Conductor en aimara).
La oposición probó que Gironda formó parte de un Gobierno anterior que privatizó empresas estatales, motivo de inhabilitación.
También fue eliminado, por impugnación oficialista, el ex Defensor del Pueblo y abogado independiente Waldo Albarracín, quien indicó que su salida prueba de que la selección de candidatos será "exclusivamente para juristas afines al Gobierno".
La elección popular de los magistrados ha sido también polémica porque el reglamento para esos comicios limita a los medios de comunicación y a los mismos candidatos, que no podrán dar entrevistas sin el filtro del Tribunal Electoral.
El MAS alista "chanchullo"
Por su parte, la Diputada de la opositora Convergencia Nacional, Norma Piérola, advirtió ayer que los asambleístas del MAS harán trampa o "chanchullo", para que postulantes afines al Gobierno respondan sin problemas el cuestionario que será elaborado por las Comisiones legislativas con apoyo de las universidades públicas.
En cumplimiento de la segunda fase de evaluación, que comenzará este lunes, la Comisión mixta de Constitución y Justicia Plural de la Asamblea Legislativa invitó a las universidades para que coadyuven en la elaboración de cuestionarios, a fin de determinar el conocimiento que tienen los candidatos judiciales sobre las diferentes normas.
Piérola manifestó que su bancada no está de acuerdo con esta modalidad porque "consideramos que las preguntas pueden ir dirigidas y direccionadas; además pueden ser entregadas con anterioridad a los postulantes con afinidad al MAS".
Asimismo, indicó que la evaluación "no sirve porque si ni siquiera les van a poner un puntaje cualitativo y cuantitativo, estamos haciendo evaluación de méritos y no hay evaluación de de méritos, absolutamente todos van a ingresar al mismo saco ya que no existe una puntuación que diga que un determinado postulante tiene mejor conocimiento".
A consideración de Piérola los diferentes cuestionarios deberían ser elaborados sin la participación de los asambleístas del MAS para garantizar la transparencia y que la población boliviana conozca qué postulantes están mejor preparados.
En tanto, la Diputada por el MSM, Marcela Revollo, lamentó que la Comisión no hay invitado al Colegio Nacional de Abogados (Conalab), para que también evalúe a los postulantes tomando en cuenta que como juristas conocen a detalle las diferentes normas.
En respuesta, el Senador Eugenio Rojas informó que no invitaron al Conalab debido a que expresó su oposición al proceso de selección de candidatos judiciales para los Tribunales Supremo de Justicia, Agroambiental y Constitucional y del Consejo de la Magistratura que pugnarán por el voto ciudadano el 16 de octubre.
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