Guider Arancibia y F. Villarroel
Agobiada por la enfermedad de sus hijos y sin plata para comprar los medicamentos, María (nombre con el que preferimos llamar a nuestra fuente) aceptó salir de Potosí para trabajar en el monte, en la zona de San Germán, provincia Ichilo. “Llegué y empezamos a moler coca. Debía al banco más de $us 3.000 y tenía otras deudas con mis amistades. Me pagaban entre $us 5 y 10 por cada kilo amoldado, aguanté seis meses, pagué mis deudas y luego me retiré”.
Así cuenta María cómo es que llegó a radicar en Yapacaní junto a su familia. Actualmente está convertida al cristianismo y se dedica a la venta de comida.
Su versión coincide con la de otros pobladores, que admiten que mucha gente de una forma u otra se ha visto involucrada en la actividad ilícita y que los pueblos ya no son los mismos de antes por culpa del narcotráfico. Sin embargo, por temor, nadie se atreve a citar nombres ni a revelar detalles. Es más, a otros les preocupa que sus vecinos los vean conversando con periodistas.
No obstante, hay quienes deslizan algunos datos e indican que uno de los grandes narcotraficantes de la zona es un orureño conocido como Roly. “Maneja mucha gente, cada semana saca grandes cantidades de droga en avionetas. Esconden la droga en sus casas, bajo tierra, en depósitos parecidos a alcantarillas. La avioneta que cayó hace unos días fue por exceso de peso de droga, tenían que quemarla, pero no les dio tiempo. Le dispararon, pero no le dieron al tanque, es mentira que los ‘leopardos’ la tumbaron”, contaron.
EL DEBER también conversó con algunos policías, que tras conseguir la promesa de que no se revelarían sus nombres contaron que alguien filtró los datos del operativo Toborochi, pues cuando se llegó a las fábricas de droga, los narcotraficantes no estaban, habían huido alertados por algún soplón.
El fiscal José Parra aseguró que el tal Roly está prófugo y que se lo acusa de ser el autor intelectual del asesinato de dos policías, que murieron emboscados hace dos años en San Germán. Según pobladores, Roly es dueño de más de 20 parcelas en Chapare, de casas en Oruro, Santa Cruz y Cochabamba, de vehículos de lujo y talleres.
Sobre los últimos operativos realizados por Umopar en la zona, el alcalde de Yapacaní, David Carvajal, dijo: “En mis visitas permanentes a las comunidades no he visto fábricas de droga ni plantaciones de coca, así que mientras yo no lo vea no lo creo”.
Carvajal deslindó responsabilidad por la proliferación de vendedoras de coca al detalle en las calles. Dijo que en más de un año que va de su gestión no entregó ninguna licencia para esa actividad. “Yo solo he renovado algunas y otras las he anulado”, expresó.
En festejos hay apuestas de cocaína
Durante un recorrido por la zona de Santa Fe, Yapacaní, San Germán, Viña del Mar, Puerto Grether y otras comunidades de Chapare, logramos obtener testimonios sorprendentes. “Varias veces he sido testigo silencioso de festejos en estos pueblos. Los narcos tienen su propio lenguaje en fiestas y aniversarios, apuestan pilchas (cocaína). En juegos y en carreras deportivas apuestan uno, dos y tres kilos”, comentó un policía.
Otro efectivo asegura que hay territorios completos tomados por el narcotráfico donde no llegan los ‘leopardos’ y citan a Viña del Mar y a la localidad denominada Kilómetro 40. “Allí hay gente con armas, cuando alguien pregunta en sus casas por sus padres, ellos dicen que están en Montero. En realidad no están en Montero, sino en el monte haciendo droga, esa es su clave”, asegura el policía.
Entre Yapacaní y San Germán, en pasados días, un colombiano fue asesinado por negarse a pagar una deuda de $us 40.000. Su cuerpo fue arrojado a un lavadero, su esposa lo recogió, lo enterró, pero nadie habla de ese asunto por miedo”, comentó un efectivo.
Para saber
Centros de acopio. Según la Policía antinarcóticos, muchos de los depósitos de coca a la vista de la gente están destinados al narcotráfico, pero nada se puede hacer.
Pueblos controlados. Las localidades Viña del Mar y Kilómetro 40 son zonas impenetrables, pues ni Umopar puede ingresar para ejercer controles. Puerto Grether y Campo Víbora son comunidades similares donde el control policial quedó desplazado por la permanente amenaza de los pobladores.
Retenes comunitarios. En el ingreso a algunas poblaciones de la provincia Ichilo existen trancas incluso con sogas que se instalaron sin autorización oficial. Se cree que el cobro es una forma disimulada de control para observar quiénes llegan al lugar.
Decisiones. Después del operativo de los efectivos de Umopar en Yapacaní, Kilómetro 40 y Nuevo Horizonte, se sabe que los narcos se reunieron y decidieron trabajar solo por las noches. Asimismo, se pondrá más centinelas en las carreteras para que den la voz de alerta en caso de otra incursión policial.
Surtidores. Los surtidores (foto) siempre están escasos de combustible, pues se cree que los pilcheros las desvían para el narcotráfico.
Cambio. Las antenas parabólicas (foto) en varias viviendas y los vehículos lujosos sin placa, ya no son una novedad.
En Yapacani
Cirilo Sonabi, dirigente
Hay que frenar la coca ilegal
“No podemos tapar el sol con un dedo, porque este problema nos afecta a todos. La matriz de este problema es la coca ilegal que viene desde Chapare y que no es para el acullico, también la que se produce en gran cantidad dentro de nuestra reserva forestal Choré. Nunca se terminará la producción de droga mientras no se erradique la coca excedentaria que se siembra hasta en áreas protegidas, a la vista y paciencia de las autoridades”.
Juliana Ávalos, concejala
Ya daba miedo andar
“No estoy de acuerdo con que se siga sembrando coca dentro de Choré, porque nos hace daño a todos. No puede ser que en nuestro municipio haya tanta fábrica de droga, esto está haciendo quedar mal al Gobierno. Yo apoyo a que se militarice la zona. En la población de San Germán ya no había ningún tipo de seguridad para poder siquiera andar libremente, daba miedo por el funcionamiento de tantas fábricas de droga”.
Pedro Coronado, dir. vecinal
Debe haber puestos militares
“Por culpa de unas pocas personas a Yapacaní se la considera zona roja del narcotráfico. Estoy de acuerdo con que se instale un puesto militar para que baje la producción de droga en nuestro municipio, pero que solo se militarice en esas zonas donde se han encontrado esas fábricas de droga. Eso sí, que no se cometan abusos contra los campesinos del lugar y que se respeten los derechos de los ciudadanos”.
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