Solicitar la ayuda de la Policía Internacional (Interpol) para la búsqueda o captura de una persona requerida por la justicia no es un procedimiento fácil ni inmediato, el trámite demora por lo menos un año y éste sólo puede ser realizado con una orden emitida por una autoridad judicial o fiscal del país solicitante.
Según fuentes relacionadas a Interpol de Cochabamba y juristas, un trámite para la localización o detención de prófugos tarda por lo menos un año en ser procesado, porque pasa por distintas instancias de revisión dentro de Interpol y no siempre las solicitudes son aceptadas.
En las últimas semanas se ha generado en el país una polémica y varios cuestionamientos sobre las notificaciones de la Interpol, a partir de la aparición en su página web con orden de captura internacional, por la presunta comisión del delito de fraude, contra el exprefecto de Cochabamba Manfred Reyes Villa y el gobernador suspendido de Tarija Mario Cossío, actualmente con refugio político en Paraguay.
En el primer caso, la polémica se centró en quién solicitó esa orden de captura, debido a que la autoridad judicial que aparece como solicitante de la captura negó haber efectuado la misma a Interpol y los responsables jurídicos de la Gobernación de Cochabamba, que son parte querellante en más de una decena de casos contra Reyes Villa, aseveraron lo mismo.
Parlamentarios de Convergencia Nacional (CN), realizan una serie de peticiones para establecer quién y cuándo se realizó esa petición. “Se está enviando toda la documentación, en la que el juez niega haber pedido la captura de Reyes Villa, así como la Gobernación, a la oficina central de la Interpol en Lyon Francia, para que sea retirada la misma”, informó el diputado de CN, Mauricio Muñoz.
Según información de la Interpol, las peticiones, en el caso de Bolivia, deben ser presentadas a las oficinas centrales de Interpol que están en La Paz, acompañadas de toda la documentación requerida. Luego, todo el legajo es remitido a la oficina regional que está en Buenos Aires, Argentina, (de la que depende Bolivia) y desde allí, envían a la oficina central que está en Lyon, Francia, donde se hace una última revisión y se determina emitir la notificación correspondiente que luego es difundida a los 188 miembros de la Interpol.
El artículo 3 del estatuto de la Interpol expresa que los estados miembros no pueden utilizar la cooperación internacional para materializar persecuciones de carácter político, militar, religioso o racial, y solicitar de la misma que emita y ejecute órdenes de detención internacional contra sus nacionales por delitos comunes.
Asimismo, es una organización internacional o administración global que no pertenece a Estado alguno, ni recibe instrucciones de los mismos.
Interpol dispone de siete oficinas regionales, situadas en Argentina, Camerún, Côte d’Ivoire, El Salvador, Kenia, Tailandia y Zimbabue, además de una oficina de representación ante las Naciones Unidas en Nueva York y otra ante la Unión Europea en Bruselas.
Siete tipos de notificaciones
Son siete tipos de notificaciones, diferenciadas por colores, que realiza la Interpol para contribuir a las policías de los países miembros: La Roja utilizada para solicitar la detención preventiva con miras a la extradición de una persona buscada, y se basan en una orden de detención o en una resolución judicial.
La azul, utilizada para conseguir más información sobre la identidad de una persona, su paradero o sus actividades delictivas en relación con un asunto penal.
La verde, para difundir alertas o información policial sobre personas que han cometido delitos en un país y es probable que vuelvan a cometerlos en otros.
La amarilla, para ayudar a localizar a personas desaparecidas, especialmente menores, o a descubrir la identidad de personas incapaces de identificarse a sí mismas. Y la negra, para buscar información sobre cadáveres sin identificar.
Las notificaciones especiales de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, son utilizadas para alertar a la policía sobre grupos y personas que son objeto de las sanciones impuestas por la ONU, y la naranja, para alertar a la policía, a los organismos públicos e internacionales sobre materiales peligrosos, actos delictivos o peligro potencial para la seguridad pública.
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