Dueños de vehículos incautados advierten radicalizar medidas


A cinco días de asumir una huelga de hambre como medida de presión para que las autoridades puedan atender sus demandas, los propietarios de vehículos incautados por el Control Operativo Aduanero (COA) con sentencia ejecutorial judicial o administrativa, advierten con radicalizar medidas de presión en caso que el Gobierno no modifique la Ley 060 de Saneamiento Vehicular para que sus motorizados puedan acogerse a la nacionalización.

El presidente de la Asociación de Propietarios de Vehículos Incautados, Félix Copa, manifestó que desde hace cinco días se encuentran en huelga de hambre, sin embargo a las autoridades no les importa porque hasta la fecha el Gobierno no accedió a reunirse con este sector.

Alrededor de 20 personas que forman parte de la Asociación de Propietarios de Vehículos Incautados junto a sus familias ingresaron en una huelga de hambre (a la intemperie) en inmediaciones de la Aduana Interior Oruro ubicada en las calles Velasco Galvarro y Adolfo Mier, con el objetivo de sensibilizar al Gobierno para que modifique la Ley 060.

"Realmente estamos muy preocupados porque a las autoridades no les importa que estemos en huelga de hambre junto a nuestras familias, lo que pedimos es que la nacionalización sea por igual para todos", señaló Copa.

En el departamento de Oruro existen alrededor de 500 personas que forman parte de dicha asociación, que estarían afectadas por las restricciones de la Ley de Saneamiento. A nivel nacional los propietarios de vehículos incautados sumarian más de 3.000.

Actualmente los motorizados incautados se encuentran en los recintos aduaneros; sin embargo, según comentarios de varios afectados algunos vehículos ya están siendo utilizados por el Gobierno, esto no se puede permitir porque es una fuerte cantidad de dinero que está invertida en estos vehículos aproximadamente entre 3.000 a 6.000 mil dólares por cada vehículo, manifestó Copa.

La Ley de Saneamiento Vehicular promulgada en junio de la presente gestión, autoriza la nacionalización de los vehículos indocumentados que habrían ingresado al país antes de la promulgación de dicha Ley, no obstante los vehículos con sentencia ejecutorial, con chasis amolado y siniestrados no pueden acogerse a esta disposición.


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