Se trata de la decisión de los vocales de la Sala Tercera Penal, Wilfredo Patiño y Karen Gallardo (constituidos en Tribunal de Alzada), quienes ayer anularon la resolución emitida por la juez Rosario Butrón el pasado 2 de julio cuando, en audiencia pública, ordenó la libertad de cinco acusados (clan Gonzales–Terán) por legitimación de ganancias ilícitas, además de la incautación de sus bienes.
Patiño y Gallardo justificaron su decisión debido a que hallaron varias imprecisiones en la resolución de la juez Butrón y ordenaron que se convoque al secretario de actas a entregar toda la documentación del caso al juzgado primero de instrucción penal en la ciudad de Cochabamba, debido a que el juzgado de Sacaba se halla de vacaciones. Es decir, que en unos días más se convocará a una nueva audiencia en la que se delibere la situación de los acusados.
En tanto, el fiscal de distrito, Camilo Medina, justificó el allanamiento que las fiscales anticorrupción procedieron a realizar, el pasado martes, a las oficinas del juez Vladimir Pérez. Recordó que si otro juez determinó dar la orden es porque halló suficientes indicios de que esa medida era necesaria y completamente legal. El Ministerio de Gobierno anunció en días pasados un proceso contra Pérez por prevaricato.
Del tercer clan recientemente desbaratado, Vilte Soria, según el último informe existen seis detenidos que continúan en la ciudad de La Paz hasta que se determine su situación procesal, este último caso fue conjuntamente investigado con la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile.
EN OTRO CASO
El denominado “clan González Ledesma” (integrado por: Maritza Prado Miranda, Virgilio González Ledesma, Bertha González, Luis Uribe Choque, Germán González Ledesma y Evangelina Rebollo Patzi) es acusado de legitimación de ganancias ilícitas por algo más de 1,3 millones de dólares.
Según la coordinadora de fiscales Claudia Mancilla, ninguna de estas personas pudo acreditar una actividad laboral estable y rentable, entre otros puntos, además cuatro de los acusados ya cuentan con antecedentes en el delito de narcotráfico (Ley 1008); sin embargo, pese a esos antecedentes, la juez Rosario Butrón determinó la libertad de los mencionados, luego de una larga audiencia de cinco horas.
La Fiscalía no se quedó conforme con dicha resolución e inició la apelación correspondiente. El caso llegó a revisión del tribunal de Alzada conformado por vocales que luego de revisar toda la documentación y escuchar cada uno de los alegatos de abogados y fiscales determinó anular la resolución de la juez Butrón el pasado 2 de julio.
Si bien el fallo dio la razón al Ministerio Público en cuanto a los supuestos errores de forma en el proceder de la juez, dejó claro que en lo referente al contenido del proceso todo continúa hasta la resolución del nuevo juez asignado. Es decir, que los acusados continúan en libertad, pero sus bienes permanecen bajo resguardo policial. Esto último molestó a la defensa de acusados.
El abogado defensor Omar Heredia dijo que la decisión de los vocales se contradice en lo referente a los bienes incautados, “si se anuló la resolución de la juez, debería anularse también la incautación”, dijo.
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