Gobernador anuncia querella contra asambleístas opositores

Los aludidos criticaron la actitud de la autoridad y recordaron que no es la primera vez que son amenazados

El gobernador del Departamento, Esteban Urquizu, anunció ayer que presentará en el Ministerio Público una querella contra los asambleístas de oposición, según dijo, por “denigrar” en reiteradas ocasiones su imagen y la de su administración, “infundadamente”.
Lo hizo, luego de que los periodistas le consultaran sobre las sospechas de un supuesto “tráfico de influencias” de la oposición en la adjudicación de aljibes. “Mire: hay personas desubicadas. Hablan lo que les da la gana y en su momento, yo presentaré públicamente el informe (que piden). Además de eso, voy a presentar una denuncia (en) el Ministerio Público”, soltó ayer Urquizu.
Aunque en un principio metió a todos los asambleístas de la oposición en la misma bolsa, luego precisó: “Exclusivamente, hay dos personas que se dedican a diario (a eso)”, en alusión a los asambleístas de Alianza Por Chuquisaca (APCH), Moisés Torres y Gonzalo Pallares.
“Son autoridades electas… respetamos. Sin embargo, (pienso que ellos) tienen que hablar con propiedad, y no pueden brindar cualquier informe, tal vez, (sacado) de los chismes, ¿no? Personalmente, hasta este momento, (he aguantado) a los asambleístas de oposición, que todos los días figuretean con una (u otra cosa), denigran la institucionalidad de la Gobernación y nunca demuestran (ni) justifican lo que ellos denuncian”, se quejó el Gobernador.
Urquizu no precisó la fecha de la presentación de su denuncia, según dijo, para no “hacer show”, pero anticipó que será en el transcurso de la semana que viene.
Respecto a las denuncias, especialmente la que tiene que ver con la adjudicación de aljibes, dijo que son “totalmente falsas”, y que las fotografías que mostraron para sustentar sus sospechas corresponden a la gestión de la ex prefecta Savina Cuéllar –en una de las fotografías aparece el presidente del Directorio de Fancesa, Luis Iriarte, con un sticker de la administración de Urquizu.
“Tienen derecho a fiscalizar”, apuntó el Gobernador; respecto a los informes que pidieron los asambleístas de oposición añadió: “Ellos debían pedir el informe a los alcaldes, sabiendo que yo he entregado (los aljibes) a los alcaldes”.
Urquizu dijo, además, que no remitió los informes que le solicitó el pleno de la Asamblea porque el Reglamento de Debates de ese ente todavía no es “vinculante” al Ejecutivo Departamental, debido a que aún no fue promulgado a través de una ley departamental. Una vez que ello suceda, aseguró, remitirá todos los informes que se soliciten.
Finalmente, y de paso, dijo que Delfín Ustarez, conductor de un programa de televisión, tendrá que demostrarle las aseveraciones que hizo sobre la adjudicación de aljibes. Utilizó “un término muy fuerte”, dijo, y añadió: “No puedo aceptar que denuncien sin pruebas”.

REACCIONES
De su lado, los opositores cuestionados por Urquizu reaccionaron por el anuncio del Gobernador, criticando esa actitud; aseguraron que seguirán cumpliendo con sus facultades de fiscalización y dijeron que no es la primera vez que reciben “amenazas” de ese tipo.
“Sí se ha hablado con documentación seria… Nuestro rol fiscalizador, (se basa en) la ley y la Constitución. Pienso que acá, en vez de amenazar, el Gobernador tiene que contribuir y apoyar a este trabajo (de fiscalización). Lo que nosotros hemos hecho es hacer conocer al pueblo documentación y fotografías (sobre los aljibes), y hemos presumido que aparentemente hubo tráfico de influencias”, descargó Gonzalo Pallares, y añadió que comenzaron a recibir amenazas al celular, incluso, cuando denunciaron las irregularidades en la adjudicación del proyecto de electrificación Palacio Tambo-Canchas Blancas.
“Jamás vamos a (denunciar) con un afán protagonista o cálculo político. Estamos a la espera que haya una respuesta a la Asamblea, no al asambleísta o a los dos asambleístas. Es al pleno, el que debe merecer un mínimo de respeto, para conocer cuál ha sido el grado de tráfico de influencias (en) este tema de los aljibes. Los representantes de la Gobernación dijeron que iban a venir los alcaldes a dar un informe. Nosotros seguimos a la espera… Cuando planteamos una petición de informe, siempre recibimos amenazas de que se nos va a iniciar una querella. Parecería un discurso reiterativo. Vamos a seguir actuando en el marco de nuestra competencia. Es parte de nuestra labor como asambleístas”, dijo, por su parte, Moisés Torres.


Nota: Correo Del Sur

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