El Primer Mandatario denunció la existencia de "una acción política" detrás de las movilizaciones que coincidieron en su inicio el día lunes 15 e insinuó que algunas organizaciones no gubernamentales e incluso Usaid tienen algo que ver en las protestas.
"Ojalá las ONG’s no estén financiando para oponerse a las políticas de integración de Bolivia, el día que sepamos, esperemos a ver la forma de cómo frenar esta clase de conspiración mediante las ONG’s", dijo el Presidente al referirse a la protesta contra la construcción de la carretera del Tipnis.
Los indígenas que marchan hacia La Paz reclaman que el Gobierno cumpla con el artículo 30 de la Constitución Política del Estado concerniente a los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que en su inciso 15 establece el derecho a "ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles".
"En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan", dice la Constitución.
Pero, como reconocieron varias autoridades de Estado, el Gobierno ya avanzó en la implementación de dos de las tres fases de esa carretera e incluso se han realizado trabajos de prospección aérea para explorar la posibilidad de explotar hidrocarburos en la región.
El Presidente Morales insistió que "a lo mejor, como siempre Usaid, está por ahí".
DECLARACIÓN
Sin embargo, el Jefe de Estado insistió en decir que "en Bolivia mandan las fuerzas sociales, como factores centrales de las profundas transformaciones sociales iniciadas en 2006".
Realizó esa aseveración a tiempo de promulgar la nueva Ley del Transporte flanqueado por dirigentes del autotransporte que recompusieron su relación con el Gobierno después de varias movilizaciones y paros.
Después de la promulgación de la norma mencionada, los dirigentes de la Fejuve alteña ingresaron al edificio de la Vicepresidencia para negociar una forma de compensación a los ingresos que le correspondería a esa ciudad si se realiza un nuevo censo de población y vivienda.
El ministro de Comunicación, Iván Canelas y el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, insistieron en pedir a los dirigentes del Tipnis que frenen la marcha y acepten el diálogo.
Canelas recordó que el Gobierno convocó en reiteradas oportunidades a la concertación a los dirigentes indígenas y lamentó que ese sector mantenga una "actitud cerrada".
"Lamentablemente a pesar de los esfuerzos que ha hecho el Gobierno para el diálogo, la dirigencia del Tipnis ha sostenido una actitud cerrada de no aceptar el diálogo, cuando nosotros creemos que éste es el mejor mecanismo para resolver el problema", dijo Canelas.
"Queremos que los indígenas nos digan cuáles son sus propuestas, a parte de las cinco propuestas de la ABC, pero lamentablemente se cierran a la posibilidad del diálogo, y eso no entendemos", insistió el ministro.
Por su parte, el viceministro Navarro denunció que "pareciera que lo que quieren es profundizar la movilización con otro tipo de motivaciones y otro tipo de objetivos y no así defender el Tipnis".
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