De 11 ediles, ocho votaron por la censura a la Alcaldesa |
La interpelación sobre el caso de la feria productiva que no se realizó en el mes de marzo terminó en censura contra la administración de la alcaldesa interina de Sucre, Verónica Berríos, por lo que el Ejecutivo Municipal debe hacer un cambio de política en el manejo de recursos económicos dentro de la Alcaldía.
La alcaldesa Verónica Berríos no asistió a la interpelación y los asesores informaron que se remitió los antecedentes al Ministerio Público; paralelamente, continúa el proceso administrativo a los tres funcionarios y que uno de ellos fue despedido a principio de mes.
En la interpelación se confirmó que el Gobierno Municipal desembolsó los recursos económicos a los proveedores, pese a que ellos no prestaron los servicios de amplificación, juegos pirotécnicos y pasacalles en esa feria.
“Se pagó porque los de OMDE (Oficialía Mayor de Desarrollo Económico) informaron que sí se realizó el evento, que estaba el acta de conformidad de la prestación de los servicios; pero haciendo las averiguaciones se ha constatado que esta feria no se realizó”, manifestó la asesora General de la Alcaldía de Sucre, Minerva Tárraga.
“Si no hubo la feria y salió el pago, por qué se está cancelando, dónde se prestó el servicios de amplificación, de pirotecnia y lienzo, en algún lado ha debido prestarse, este hecho no puede ser tapado”, cuestionó la concejala Susy Barrios (PAIS).
La feria productiva supuestamente se tenía que realizar el pasado 29 de marzo y el pago a los proveedores fue el 20 de abril, en base a un informe presentado por los organizadores a la Dirección Financiera.
“Si la Oficialía Mayor de Desarrollo Económico emite un acta indicando que se ha recepcionado los servicios, obviamente que ha habido falsedad material en esa documentación”, reconoció Tárraga.
CONTRADICCIÓN
Contrariamente a lo que señala el acta de conformidad, los organizadores y los propietarios de los servicios señalan que se canceló por los servicios, pero que estaba pendiente la prestación de los mismos que no fueron utilizados por fuerza mayor.
“Hasta la fecha no sabemos dónde han ido a parar estos recursos, sigue existiendo un daño económico al Gobierno Municipal; por lo tanto, nosotros tenemos la obligación de seguir las investigaciones hasta que se determinen las responsabilidades (…) y se den las sanciones conforme el reglamento interno y como lo estable el Código Penal”, dijo Tárraga.
Ocho de los 11 concejales votaron por la censura a Berríos, dos le dieron la confianza y uno se abstuvo de votar.
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