La empresa a la que le adjudicaron la obra, Inti Wayra Wasi y Asociados, presentó certificaciones “falsas o adulteradas” sobre su experiencia general y específica para adjudicarse la obra. Las certificaciones que remitieron las alcaldías de San Lucas, Incahuasi y Colcha K, esta última de Potosí, confirmaron que las mismas no fueron emitidas por esas alcaldías.
Por esa causa, según el informe conclusivo, Transparencia de la Gobernación recomendó a la administración del gobernador Esteban Urquizu formalizar “una querella criminal” en contra de los representantes legales de la empresa Inti Wayra Wasi y Asociados, “por los ilícitos penales previstos y sancionados por los artículos 198, 199 y 203 del Código Penal”, es decir, falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.
El informe conclusivo de Transparencia también recomienda iniciar un “proceso sumario administrativo” contra dos funcionarios de la Gobernación: Ebeliz Choque, dependiente de la Dirección de Análisis y Gestión Jurídica de la Gobernación, y Álvaro Iván Castillo, dependiente de la Dirección General de Electrificación.
Contra la primera, “por haber omitido realizar una correcta y adecuada revisión de la documentación presentada por la empresa ganadora del proceso de contratación”, y contra el segundo, por “haber omitido entregar a los solicitantes (Concejo Municipal de San Lucas), la documentación solicitada en un tiempo considerado como oportuno y prudente (se demoraron cinco meses, según la denuncia de San Lucas)”.
¿Y la comisión de calificación? “La comisión de calificación no está entrando porque, según el proceso de contratación, ellos, a criterio de esta unidad, han cumplido con todos los pasos legales.”, explicó el responsable de la Unidad de Transparencia de la Gobernación, Armin Cortez.
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