Más de cien representantes de sectores se disponen a llegar a Sucre en las próximas horas para presenciar la sentencia que dictará la Corte Suprema de Justicia contra cinco ex jefes militares y dos ex ministros de Estado, acusados por los hechos de septiembre y octubre de 2003, mientras sigue la fase de alegatos del último acusado.
Desde el lunes continúa con la presentación de sus alegatos el general Juan Veliz Herrera, quien volvió a cuestionar la falta de objetividad del Ministerio Público en la acusación en su contra, porque en su investigación si bien identificó a muertos y heridos en las jornadas luctuosas, no estableció las circunstancias y tampoco individualizó al autor o autores de los hechos.
El abogado de Veliz, Germán Quiroz, señaló que la Fiscalía no identificó en cada uno de los muertos o heridos si el autor fue un policía, un militar o alguna otra persona; es más, la Policía y los dirigentes fueron excluidos de la investigación en cumplimiento de un decreto de amnistía y sólo dejó a los ex comandantes de las Fuerzas Armadas y a ex ministros sentados en el banquillo de los acusados.
Quiroz preguntó si el rescate de turistas en Sorata el 20 de septiembre de 2003, era legal o arbitrario; o lo arbitrario era el cerco a los turistas. Eso no fue investigado por la Fiscalía, según dijo.
El abogado señaló que ninguno de los testigos comandantes de las unidades militares de 2003 dijeron que Veliz les ordenó matar o eliminar a alguien, porque una vez dada la orden para cumplir una misión, cada comandante inferior asume la responsabilidad de las decisiones que tome.
Señaló también que la Fiscalía tampoco explicó por qué se fue Gonzalo Sánchez de Lozada y no dijo que las organizaciones sociales se movilizaron hasta desestabilizarlo y obligarlo a renunciar.
En criterio de la defensa de Veliz, las organizaciones sociales movilizadas recurrieron a un “medio idóneo” para desestabilizar al Gobierno: atacar el orden público, que fue otra “víctima” de los hechos, pero no investigado por la Fiscalía.
“El Tribunal no tiene por qué asumir responsabilidades ni los imputados por la falta de objetividad del Ministerio Público”, señaló Quiroz, quien pidió la absolución de su defendido. Hoy continuará con sus alegatos.
PREPARADOS PARA SENTENCIA
Por otro lado, el abogado de las víctimas y heridos, Freddy Ávalos, anunció que ellos están preparados para recibir una sentencia cualquiera sea esta porque “uno apuesta y va con todas las armas a un proceso”, y confían en que el Ministerio Público aportó con las pruebas suficientes para una condena. Sin embargo, recalcó que dejan la responsabilidad final en manos del Tribunal de Juicio.
“De haber una sentencia que no favorezca de alguna manera a las víctimas, seguramente habrá repercusiones, reacción propia de las víctimas, pero no creo que lleguen a faltarle el respeto a este Tribunal; por lo tanto, ellos van a tomar otra acción y no es la única acción. Si en Bolivia no nos dan lo que estamos buscando, seguramente acudiremos a tribunales internacionales, pero esperaremos lo que dice este Tribunal”, apuntó Ávalos.
Asimismo, ante la conclusión de este juicio en los siguientes días, anunció el arribo a Sucre de representantes de sectores sociales de la ciudad de La Paz en el transcurso de esta jornada y mañana, viernes, para escuchar la sentencia del Tribunal.
Dijo también que llegarán más víctimas para hacer uso de la última palabra ante el Tribunal para explicar por qué quieren una sentencia; lo propio ocurrirá con los acusados. “Inmediatamente estos actos (de la última palabra), el Tribunal pasará a deliberar para dictar la sentencia, en un par de días”, manifestó Ávalos.
El abogado también se refirió a la situación de salud de Guillermo Irineo Escobar, víctima de la “Guerra del Gas”, que habría sufrido una descompensación y fue internado en el hospital donde recibe tratamiento. Refirió que hay otras personas delicadas de salud por la situación en la que viven, según el diagnóstico de los médicos.
Los familiares y víctimas de Octubre Negro cumplen hoy 46 días de vigilia a la espera de una sentencia. Según sus dirigentes, en Sucre están al menos 50 personas.
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