La promulgación de la Ley de Consulta Previa por parte del Gobierno desató una serie de críticas de diferentes organizaciones del país, las que advierten que esta reserva natural podría sufrir serias consecuencias en su integridad.
El vicepresidente Álvaro García Linera, en declaraciones a medios de prensa de México, mencionó tres argumentos como justificativos para la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, citando como uno de ellos el carácter “geopolítico” de la región y su influencia en la “base económica” de sectores del oriente boliviano.
Estas palabras fueron interpretadas por la oposición y analistas como la confirmación de que detrás de la culminación de la vía dentro del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) existe intereses económicos y políticos que no miden consecuencias para imponer un modelo hegemónico de poder.
“Una carretera que vincule directamente la Amazonia con los valles y el altiplano reconfiguraría radicalmente la estructura de poder económico regional, derrumbando la base material final de los separatistas y dando lugar a un nuevo eje geoeconómico al Estado”, dijo el Segundo Mandatario al diario La Jornada de México.
El Gobierno sostiene que la carretera promoverá el desarrollo y mejorará la calidad de vida de las comunidades y los pueblos chimanes, moxeños y yuracarés; mientras que sectores políticos, sociales e indígenas observan intereses para proliferar los cultivos de coca, devastar la flora y fauna de la región e incluso consolidar proyectos hidrocarburíferos que cubrirían el presunto déficit de la deuda interna en los siguientes años.
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