Sin autoridad que defienda los derechos ciudadanos, la mayoría de los montereños ha sido víctima el viernes pasado del vandalismo de un grupo de violentas personas, que tomaron la Casa Judicial, un emblema de lo que debería ser una nueva forma de administrar justicia. En un hecho sin precedentes, los fiscales y jueces abandonaron sus tareas por la falta de seguridad. La débil Policía tuvo que recibir refuerzos de la capital cruceña y el apoyo de ciudadanos montereños para contener la furia de los loteadores. Por si fuera poco, los enfrentamientos han causado destrozos en varios inmuebles y vehículos de pacíficos vecinos de la ciudad. La violencia de los últimos días ha disparado el malestar y la condena de la población y de las instituciones montereñas, que están cansadas de la agresión constante de un grupo de personas dedicadas a las tomas de predios, aparentemente bajo el amparo de algunos poderosos.
En los últimos meses del año pasado, una decena de terrenos públicos y privados de la zona ha sido ocupada ilegalmente por loteadores organizados. No han respetado ni siquiera a los militares y a sacerdotes como los de la obra salesiana de Muyurina, que aportan desde hace poco más de 50 años al desarrollo del norte cruceño. Otros propietarios de tierras también son rehenes de los mafiosos que lucran mediante la arriesgada actividad ilegal de la toma de tierras.
Es cierto que hay gente que necesita un espacio donde vivir. Sin embargo, el drama de las familias que no tienen techo es aprovechado por los cabecillas que los instalan solo para acumular propiedades ajenas. El problema de la falta de acceso a la tierra y a una vivienda debe ser resuelto por otros caminos, ya que el avasallamiento no solo afecta a la seguridad jurídica, sino que también produce una bomba de tiempo que, cuando estalla, puede tener consecuencias sangrientas.
Montero y sus alrededores están en la mira de los avasalladores, que ocupan por la fuerza los terrenos, aparentemente alentados por alguien con bastante poder. Las autoridades del lugar tampoco han funcionado eficientemente para frenar estas agresiones, por comodidad o por temor a alguien muy influyente que empuja a la gente a las tomas de tierras. La consecuencia de tanta tolerancia es lo que se vio el jueves y viernes pasado. No más de 700 personas han tenido durante algunas horas prácticamente sitiada a una ciudad de más de 100.000 habitantes.
Es urgente el restablecimiento del principio de autoridad y el orden en Montero. Los líderes locales buscan dar el primer paso con una reunión para analizar medidas. Se necesita cuanto antes reforzar la Policía, ofrecer garantías a la justicia y que la dirigencia hable el mismo idioma cuando se tenga que frenar los abusos. De lo contrario, Montero será tierra de nadie.
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