La Defensoría del Pueblo de Bolivia solicitó este miércoles al Gobierno el cese de funciones del embajador de Bolivia en la ONU, Sacha Llorenti, por su supuesta participación en una violenta represión policial de una marcha indígena hace dos años.
Rolando Villena, titular de la Defensoría, una entidad estatal, recomendó en un comunicado "al Ministerio de Relaciones Exteriores que suspenda de sus funciones de Embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas al Sr. Sacha Llorenti".
Llorenti, entonces ministro de Interior, habría ordenado, según la oposición, reprimir una marcha de indígenas de la Amazonia opuesta a un proyecto de construcción de una carretera por la mitad de una reserva ecológica TIPNIS, rica en flora y fauna.
Una investigación judicial de la Fiscalía desestimó en primera instancia la supuesta participación de Llorenti, quien afirma que la represión fue producto de una "ruptura en la cadena de mando" policial.
Los indígenas, entre ellos mujeres, niños y ancianos, fueron reprimidos por la Policía, detenidos, y luego trasladados por la fuerza en buses a sus puntos de origen, aunque pobladores del lugar los liberaron, tras choques con los uniformados, y reanudaron su marcha de protesta hacia La Paz.
Villena consideró que la justicia debe convocar a Llorenti "para que pueda explicar en nuestro país su participación, conocimiento y autorización en las acciones de infiltración, intervención y posterior traslado de los indígenas del TIPNIS, durante las horas posteriores a las acciones" policiales.
En la misma línea, la ONG Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia expresó por separado en una carta a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, su "indignación" porque a dos años de los hechos no haya culpables.
En una primera reacción, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, desestimó el pedido del Defensor del Pueblo de quien dijo que "tienen una vinculación política directa con el Movimiento Sin Miedo", exaliado del gobierno y actualmente en la oposición.
Un año después de la brutal represión, los mismos indígenas afectados realizaron otra marcha de 600 km desde la Amazonia hasta La Paz, con el mismo reclamo, lo que obligó al gobierno a suspender la idea de construir la carretera, aunque luego retomó sus planes a favor de la vía.
Fuente : Terra Noticias
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