Según la organización que representa a los medios del país, hay interés por restringir las opiniones libres, evitar los reclamos y demandas sobre temas cotidianos e impedir las protestas. > ANP exige cumplimiento de Tratados internacionales, la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley de Imprenta que protegen el trabajo de periodistas y medios.
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que representa a los principales diarios de circulación nacional de Bolivia alerta a la ciudadanía sobre dos intentos de suprimir la libertad de expresión, una facultad humana irrenunciable y garantía de convivencia democrática.
De manera coincidente, dos proyectos del oficialismo proponen modificaciones en el Código Penal con el propósito de crear penas máximas de siete años de prisión por supuestos delitos “contra la dignidad” y por promover el racismo, pronunciar discursos de odio o incitar a la violencia.Las propuestas llegan en momentos en que sectores sociales movilizados presentan demandas al Gobierno, reclaman seguridad sobre la administración de los fondos de jubilación, y desde las propias filas del oficialismo se difunden denuncias sobre la importación de carburantes.
Un análisis simple lleva a concluir que existe el interés por restringir las opiniones libres, evitar los reclamos y demandas sobre temas cotidianos e impedir las protestas. De ese modo, se buscaría imponer una narrativa oficial y aplicar un castigo a los ciudadanos que la cuestionen.
La ANP fue una de las pocas organizaciones que en septiembre de 2010, advirtió que la inclusión de sanciones a periodistas y medios en una ley contraria al racismo, derivaría en amedrentamiento y autocensura en el trabajo periodístico independiente.
En agosto de 2012, un influyente ministro abrió causa contra una agencia de noticias y dos periódicos, por un supuesto delito de promover “odio racial y discriminación”. La alerta de la ANP se cumplió y hoy el proceso judicial aún se halla abierto.
Como señala su estatuto de creación, la ANP cumple la tarea fundamental de defender el derecho de los ciudadanos a expresar ideas y opiniones, y exige el cumplimiento de Tratados internacionales, la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley de Imprenta que protegen el trabajo de periodistas y medios.
Por otro lado, el fin de semana, el ministro de Justica, Iván Lima Mágne, insistió en que la propuesta normativa hace énfasis en la lucha contra el racismo y la discriminación y en esa línea recordó que la Ley 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, de 2010, en su artículo 28, parágrafo 2, tiene especificado lo expuesto en el anteproyecto de Ley 305.
Agregó que la libertad de prensa y la libertad de expresión están garantizadas en el país; sin embargo anunció que el anteproyecto normativo será discutido con el gremio de la prensa a fin de evitar falsas premisas al respecto. “Todos los proyectos de ley deben ser ampliamente socializados. Estamos en un momento inicial, habrá socialización en el marco de un espíritu democrático”, dijo.
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